Un informe sobre seis grandes ayuntamientos, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, reclama reforzar la supervisión interna y endurecer los mecanismos para prevenir conflictos de intereses
El Tribunal de Cuentas ha detectado importantes debilidades en los sistemas de control aplicados a las retribuciones y al régimen de incompatibilidades de los cargos electos en varios de los principales ayuntamientos españoles.
Aunque el organismo concluye que, en términos generales, las administraciones locales cumplen la normativa vigente sobre remuneraciones, advierte de que persisten carencias que limitan la transparencia y dificultan la prevención de posibles conflictos de intereses.
Las conclusiones se recogen en una fiscalización centrada en el ejercicio 2024 de los ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Córdoba, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria, uno de los consistorios canarios incluidos en el análisis.
El informe sostiene que la gestión de las percepciones económicas de alcaldes y concejales presenta un grado aceptable de adecuación a la legislación, pero revela importantes diferencias en la forma en que cada administración aplica los controles internos y desarrolla sus mecanismos de supervisión.
Durante el ejercicio examinado, los representantes municipales de los seis ayuntamientos percibieron conjuntamente 9,3 millones de euros en retribuciones, a los que se sumaron más de 360.000 euros en pagos por asistencias a órganos colegiados y cerca de 135.000 euros en indemnizaciones por razón del servicio.
El Tribunal no aprecia incumplimientos en los límites salariales fijados por la normativa estatal, aunque sí identifica insuficiencias en la vigilancia del régimen de incompatibilidades y en el seguimiento de los cargos que los representantes públicos desempeñan en organismos y entidades dependientes de los propios ayuntamientos.
Uno de los principales obstáculos encontrados durante la fiscalización fue la imposibilidad de acceder a determinada información tributaria necesaria para comprobar si existían situaciones incompatibles o potenciales conflictos de intereses.
El órgano considera que esta limitación reduce el alcance de su labor de control y plantea la conveniencia de revisar el marco legal para facilitar el acceso a esos datos cuando resulten imprescindibles para las funciones fiscalizadoras.
El informe también señala que la regulación sobre el estatuto económico de los cargos locales continúa siendo desigual entre administraciones y que persisten diferencias relevantes en el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. A ello se suma la necesidad de avanzar hacia una representación más equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos de las entidades instrumentales vinculadas a los municipios.
Ante este escenario, el Tribunal de Cuentas propone reforzar los sistemas de control interno, homogeneizar los procedimientos aplicados por las entidades locales y consolidar políticas de integridad institucional que permitan mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El objetivo, sostiene el organismo, es dotar de mayores garantías a la supervisión de las remuneraciones de los representantes municipales y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de las administraciones locales.
