El Gobierno autoriza un incremento del presupuesto para completar el muelle de Ribera, pieza clave de una infraestructura que sigue sin desarrollar el papel estratégico para el que fue concebida
Soldecanarias.net / Granadilla de Abona
Ocho años después de su inauguración, el puerto de Granadilla continúa siendo una infraestructura inacabada. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva licitación para concluir el muelle de Ribera, la principal obra pendiente del recinto portuario del sur de Tenerife, elevando el presupuesto hasta los 53,9 millones de euros después de que el primer concurso quedara desierto por falta de empresas interesadas.
La decisión supone un incremento de casi 14 millones respecto al importe inicialmente previsto, fijado en 40 millones de euros, y pone de manifiesto el encarecimiento de las grandes obras de ingeniería marítima en un contexto marcado por el aumento de los costes de construcción y la escasa concurrencia en este tipo de contratos.
La actuación permitirá completar los 543 metros de muelle que aún restan para finalizar una línea de atraque de 1.045 metros de longitud, considerada imprescindible para que el puerto pueda operar con toda su capacidad. El proyecto contempla la instalación de once grandes cajones de hormigón armado cimentados a 18 metros de profundidad, además de las estructuras de cierre necesarias para completar el dique.
La culminación del muelle constituye una de las principales inversiones previstas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife dentro de su programación para el periodo 2025-2029 y cuenta con financiación parcial procedente de fondos europeos Feder.
El puerto de Granadilla fue concebido como una infraestructura complementaria al de Santa Cruz de Tenerife, orientada a absorber tráficos industriales y operaciones logísticas de gran escala gracias a su mayor calado y a la disponibilidad de suelo para actividades empresariales. Sin embargo, la instalación aún no ha alcanzado el nivel de actividad previsto cuando fue presentada como uno de los proyectos estratégicos para la economía insular.
Desde su puesta en servicio en 2018, el recinto ha desarrollado principalmente operaciones de reparación naval, graneles y determinadas mercancías industriales, sin consolidarse como un gran nodo logístico del Atlántico ni captar tráficos de contenedores de relevancia internacional. La ausencia del muelle de Ribera ha sido señalada en reiteradas ocasiones como una de las limitaciones para ampliar su capacidad operativa.
La historia del puerto ha estado marcada por una intensa controversia política, social y ambiental. Durante años fue objeto de una de las mayores movilizaciones ecologistas registradas en Canarias, que cuestionó tanto su impacto sobre el litoral del sur de Tenerife como la necesidad de una infraestructura cuya inversión pública superó ampliamente las previsiones iniciales. Las protestas y los litigios administrativos llevaron a modificar el proyecto original, reduciendo sus dimensiones y descartando la implantación de una planta regasificadora.
Pese a esas controversias, las administraciones mantienen que el puerto sigue siendo una infraestructura estratégica para diversificar la capacidad logística de Tenerife y atender el crecimiento futuro del transporte marítimo. La finalización del muelle de Ribera representa ahora un paso decisivo para completar una obra iniciada hace más de dos décadas y que continúa siendo uno de los proyectos públicos más debatidos de la historia reciente del archipiélago.
La inversión forma parte del programa estatal de modernización del sistema portuario, que prevé destinar más de 250 millones de euros a los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante el periodo 2025-2029, con actuaciones orientadas tanto a ampliar la capacidad de las infraestructuras como a mejorar su sostenibilidad y su integración con el entorno urbano.
