La consejera Jéssica de León reconoce en el Parlamento que siguen abiertos 176 expedientes y defiende la complejidad legal del sistema sancionador mientras avanza en un nuevo borrador con municipios afectados
Soldecanarias.net / Redacción
La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha reconocido en el Parlamento regional que los propietarios de apartamentos que residen en sus viviendas siguen recibiendo sanciones, a pesar del decreto aprobado hace un año que pretendía frenar este tipo de multas.
Según expuso la consejera Jéssica de León, actualmente permanecen abiertos 176 expedientes relacionados con este asunto, de los cuales 110 cuentan con recursos de alzada, 66 no han sido recurridos, 37 están pendientes de envío, 63 en fase de resolución y una decena ya han sido resueltos.
Las sanciones derivan de la aplicación de la normativa turística vigente, que obliga a la explotación turística de determinados complejos residenciales, lo que ha generado un conflicto entre propietarios y explotadores turísticos. En algunos casos, las multas alcanzan los 2.250 euros por el uso residencial de viviendas destinadas a la actividad turística.
De León defendió en sede parlamentaria que la situación responde a la complejidad jurídica de la Ley de 2013, que impide paralizar de forma generalizada los procedimientos sancionadores. En este sentido, explicó que el decreto aprobado hace un año no ha logrado frenar completamente las multas, como advertían ya colectivos de afectados.
La consejera señaló además que los expedientes no se inician de oficio por parte de la Administración, sino a raíz de denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos, lo que obliga al Gobierno a tramitar cada caso individualmente. “No hay una cacería contra propietarios”, aseguró, defendiendo que se trata de un sistema basado en la obligación legal de actuar ante las denuncias recibidas.
En paralelo, De León anunció que su departamento trabaja en un borrador en coordinación con los municipios más afectados con el objetivo de adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad actual y abordar lo que calificó como un “laberinto jurídico” en torno al uso residencial y turístico de los complejos.
Durante el debate parlamentario, los grupos de la oposición criticaron duramente la gestión del Ejecutivo. Desde Nueva Canarias y el Partido Socialista se denunció que el decreto no ha cumplido su objetivo de paralizar las sanciones y se advirtió del impacto social en miles de familias.
Los afectados, presentes en la Cámara, alertaron de que la situación genera inseguridad jurídica y económica en propietarios que adquirieron sus viviendas como residencia habitual o segunda residencia, y que ahora se enfrentan a expedientes sancionadores por su uso.
La consejera, por su parte, insistió en la necesidad de diálogo con todos los sectores implicados y reiteró la voluntad del Gobierno de buscar una solución “realista y consensuada” durante la actual legislatura, aunque reconoció que la resolución del problema requiere cambios de mayor calado normativo.
