La exalcaldesa de Granadilla sostiene que las obras proyectadas por el entonces Granadilla Egatesa habrían dejado sin espacio a casi 500 menores y pide recurrir la sentencia que condena al Ayuntamiento
Soldecnarias.net / Granadilla de Abona
La exalcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, defendió públicamente la decisión adoptada durante su mandato de paralizar las obras previstas por el entonces Granadilla Egatesa en el campo de fútbol de La Palmera, en San Isidro. La dirigente sostiene que la actuación municipal buscaba proteger el uso de la instalación por parte del deporte base y evitar que cientos de menores quedaran sin espacio para entrenar y competir.
Las declaraciones se producen después de que una sentencia judicial, todavía no firme, condene al Ayuntamiento a abonar cerca de 288.000 euros al club, actualmente vinculado al CD Tenerife Femenino, por la ruptura del convenio suscrito con el anterior grupo de gobierno local.
Miranda explicó que el acuerdo original contemplaba la transformación del césped artificial de La Palmera en césped natural y otorgaba al club preferencia en la gestión y organización de horarios de entrenamientos y partidos. Según señaló, la propuesta generó un importante rechazo vecinal en San Isidro y derivó posteriormente en informes técnicos municipales desfavorables.
La exregidora afirmó que dichos informes advertían de que las obras previstas supondrían, en la práctica, la expulsión de cerca de 500 niños y niñas que utilizaban diariamente la instalación deportiva. “No podíamos permitir que un equipo profesional desplazara al deporte base de un espacio público construido por y para el pueblo”, defendió.
Asimismo, recordó que el club había recibido una subvención de 1,4 millones de euros del Consejo Superior de Deportes para ejecutar el proyecto, aunque el dinero no fue gestionado directamente por el Ayuntamiento. Tras la negativa municipal, el equipo terminó trasladando su actividad a la Ciudad Deportiva del Tenerife.
Miranda también insistió en que el actual gobierno local debería recurrir la sentencia al considerar que existen argumentos técnicos suficientes para revertir el fallo judicial. Además, subrayó que el Ayuntamiento dispone de un seguro de responsabilidad patrimonial que cubriría este tipo de indemnizaciones.
Durante su intervención, la exalcaldesa puso el foco en la saturación de las instalaciones deportivas municipales. Señaló que campos como La Palmera, El Médano, Los Abrigos o Charco del Pino soportan actualmente una elevada carga de equipos de base, lo que obliga a dividir espacios y compartir horarios entre numerosos clubes.
En ese sentido, defendió que la prioridad institucional debe seguir siendo garantizar instalaciones adecuadas para el deporte formativo. “Si hay que elegir entre los intereses de un club profesional y el derecho de los niños y niñas del municipio a practicar deporte, nuestra posición siempre será clara”, concluyó.
