Mohamed Jamil Derbah (*)
Como empresario y como miembro muy activo de la sociedad tinerfeña no puedo estar indiferente a lo que está pasando desde el 20 A y uno de sus temas, como s el acceso a la vivienda y aunque parezca contradictorio mantengo dos posiciones diferentes: en primer lugar defiendo los derechos sociales y, por supuesto, el derecho a la vivienda de las personas vulnerables y por otro defiendo también la necesidad de proteger el patrimonio inmobiliario que gestionamos ante las ocupaciones.
En el aumento y la mayor visibilidad de las ocupaciones influyen varios factores:
1) Personas sin casa: el acceso a la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente para las administraciones y para la sociedad. El coste de los alquileres es desproporcionado respecto a los ingresos de las familias. En los últimos años seis años los alquileres se han encarecido un 35,6% en las grandes ciudades de nuestro pais mientras el mercado laboral se precarizaba y los salarios se devaluaban.
2) Viviendas vacías: tras el estallido de la burbuja inmobiliaria quedó un gran número de viviendas en manos de los bancos. Tras más de una década, la mayoría de las que se encuentran vacías o ocupadas son infraviviendas. Las habitables y en buen estado se encuentran cerradas durante periodos cortos que suelen corresponder a la comercialización o adjudicación de los inmuebles una vez finalizadas las obras.
3) Organizaciones criminales que se lucran “abriendo pisos” y “vendiendo llaves” por cantidades exorbitadas
4) Manipulación de los datos ante la opinión pública por parte de grupos con intereses políticos, tanto a favor como en contra de la okupación. Por una parte se manipula la necesidad de los más vulnerables –que sin duda es real— y por otra se fomenta el miedo a las ocupaciones.
El fenómeno ha crecido de manera exponencial. En estos momentos miles de familias sin otra alternativa esperan poder ocupar una vivienda. El itinerario consiste en comprar la llave por 2.000 o 3.000 euros, estar más de un año en la vivienda (intervalo del procedimiento judicial), intentar negociar un alquiler social y, si no es posible, pasar a formar parte de la lista de espera para acceder a una vivienda pública a través de la mesa de emergencia. El coste psicológico y emocional de este itinerario es muy alto: son periodos de inseguridad que dejan huella tanto en los adultos como en los niños.
La solución debería ser incrementar el parque público de vivienda para garantizar el derecho a techo de todas las familias que sufren precariedad habitacional, pero de manera inmediata no es viable. Por tanto, debemos enfrentarnos a la situación estudiando los casos de manera individual e intentado llegar a acuerdos mediados siempre que sea posible.
Esa es mi propuesta, pero lo cierto es que las administraciones deben actuar de manera inmediata y ejercer mayores controles para evitar que siga la ocupación ilegal. Ya vimos que en el caso de un inmueble en Adeje, fue la iniciativa privada quien acabó con la ocupación. Deberían tomar nota.
(*) Empresario y asesor internacional de varios países africanos
