El Cabildo defiende que la futura ley autonómica contemple excepciones para la Isla y facilite la creación de nuevas plazas alojativas tras la crisis provocada por el volcán.
Soldecanarias.net / La Palma
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha solicitado al Gobierno de Canarias que la futura Ley de Vivienda Vacacional incorpore un tratamiento diferenciado para La Palma, al considerar que la realidad económica y social de la Isla requiere medidas específicas tras las consecuencias derivadas de la erupción volcánica.
Rodríguez sostiene que la normativa autonómica, tal y como está planteada actualmente, no responde a las necesidades del territorio palmero ni al contexto de reconstrucción que todavía afrontan muchas familias y pequeños negocios vinculados al sector turístico. Por ello, el Cabildo apuesta por flexibilizar las condiciones para permitir no solo la recuperación de las viviendas vacacionales desaparecidas, sino también la creación de nuevas plazas alojativas.
Desde la institución insular se defiende que este modelo representa una de las fórmulas más rápidas para impulsar la actividad económica y reforzar la oferta turística mientras avanzan otros proyectos hoteleros de mayor envergadura. El objetivo planteado por el Cabildo pasa por alcanzar entre 25.000 y 30.000 camas turísticas bajo un modelo de crecimiento controlado y orientado a la calidad, alejado de los niveles de saturación existentes en otros destinos del Archipiélago.
El presidente insular ha trasladado ya varias propuestas y alegaciones al Ejecutivo autonómico con el fin de adaptar el texto legal a las singularidades de las llamadas Islas Verdes. Entre las principales demandas figura evitar limitaciones que puedan dificultar el desarrollo económico de la Isla o frenar la capacidad de recuperación de propietarios y pequeñas empresas locales.
Rodríguez insiste en que la vivienda vacacional desempeña actualmente un papel clave para muchas familias palmeras que buscan recuperar estabilidad económica tras la crisis volcánica. En este sentido, considera necesario que la futura legislación contemple herramientas más flexibles y ajustadas a las particularidades territoriales y sociales de La Palma.
El Cabildo defiende además que la regulación debe servir para consolidar un modelo turístico diferenciado, basado en menor densidad alojativa y mayor calidad de la oferta, permitiendo compatibilizar la recuperación económica con la identidad y sostenibilidad del territorio insular.
