La demandante sostiene que fue apartada de su puesto tras comunicar una baja médica por gestación de riesgo; el consistorio rechaza las acusaciones y el caso queda pendiente de sentencia
Soldecanarias.net / Arona
El conflicto laboral que enfrenta a una ex trabajadora con el Ayuntamiento de Arona ya está en manos de la Justicia. Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha dejado visto para sentencia el procedimiento en el que la empleada denuncia haber sido despedida mientras se encontraba embarazada y en situación de baja médica por riesgo gestacional.
La demandante asegura que su salida de la administración municipal se produjo después de comunicar que su embarazo requería una incapacidad temporal por motivos de salud. Según su versión, antes de ese momento había soportado presiones relacionadas con sus horarios de trabajo y con las funciones que desempeñaba dentro del equipo de personal de confianza del consistorio.
Durante la vista judicial comparecieron varios testigos, entre ellos el segundo teniente de alcalde y responsable de distintas áreas de gobierno municipal, Naím Yánez, cuya actuación figura entre los elementos analizados en el procedimiento. También prestaron declaración otras personas vinculadas al Ayuntamiento mediante cargos de confianza.
La reclamación plantea una posible vulneración de derechos fundamentales, circunstancia que otorga una especial relevancia jurídica al caso. La trabajadora sostiene que la decisión de poner fin a su relación laboral estuvo relacionada con su estado de gestación y con la baja médica derivada de éste.
Por su parte, el edil ha rechazado públicamente las interpretaciones difundidas sobre el asunto y ha cuestionado el tratamiento informativo recibido por el caso en algunos medios de comunicación. No obstante, será la resolución judicial la que determine si existió o no una actuación contraria a la legalidad por parte de la administración local.
Tras la celebración de la vista, el procedimiento queda ahora pendiente de la sentencia que deberá aclarar si el despido estuvo motivado por razones organizativas o si, por el contrario, vulneró los derechos de protección reconocidos a las trabajadoras embarazadas.
