El Parlamento recibe un informe que considera insuficientes los argumentos legales utilizados por el Ejecutivo para negar a una diputada el acceso a la identidad de los perceptores de las indemnizaciones por la erupción de La Palma
Soldecanarias.net / Redacción
La controversia sobre la gestión de las ayudas públicas destinadas a los afectados por la erupción del volcán Tajogaite suma un nuevo capítulo. Un informe elaborado por el Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias pone en entredicho la decisión del Gobierno autonómico de mantener en secreto la identidad de los beneficiarios de unas subvenciones que superan los 340 millones de euros.
El documento, solicitado por la Mesa de la Cámara autonómica tras una reclamación de la diputada socialista Alicia Vanoostende, concluye que la negativa del Ejecutivo a facilitar dicha información carece aparentemente de una base jurídica sólida. Además, advierte de posibles vulneraciones del derecho de los parlamentarios a acceder a la documentación necesaria para ejercer su labor de control político.
El conflicto surgió después de que la parlamentaria solicitara conocer quiénes habían recibido las ayudas concedidas tras la catástrofe volcánica de 2021. El Gobierno regional rechazó remitir el listado alegando que la difusión de esos datos podría afectar a la intimidad y al honor de los afectados, apoyándose tanto en la legislación estatal de subvenciones como en normas autonómicas específicas.
Sin embargo, los servicios jurídicos del Parlamento consideran contradictorio que el Ejecutivo niegue formalmente la entrega de los nombres mientras ofrece la posibilidad de consultarlos presencialmente en dependencias administrativas. Según el informe, si realmente existían razones legales para restringir el acceso, el Gobierno debía haber solicitado la declaración de secreto de la documentación dentro de los plazos establecidos por el reglamento parlamentario.
El análisis jurídico también cuestiona la fórmula empleada para limitar el acceso a la información, señalando que el procedimiento utilizado no se ajusta plenamente a los supuestos previstos por la normativa de la Cámara.
Ante esta situación, el informe recuerda que la diputada dispone de varios mecanismos para defender su derecho de acceso, entre ellos acudir al Comisionado de Transparencia, recurrir a la vía judicial o promover una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno a facilitar la documentación requerida.
Mientras tanto, el debate sobre la transparencia de estas ayudas continúa abierto. La cuestión ya se encuentra en los tribunales debido a otro procedimiento iniciado tras la decisión del Ejecutivo de impugnar una resolución de la Comisionada de Transparencia favorable a la publicación de los beneficiarios. La resolución judicial definitiva no se espera hasta abril de 2027.
El caso ha reactivado el enfrentamiento político sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y la obligación de rendir cuentas en la gestión de fondos públicos, especialmente cuando se trata de ayudas de gran volumen económico financiadas con recursos de todos los ciudadanos.
