La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 impone a empresas de hospedaje y alquiler de vehículos una carga administrativa excesiva y riesgos para los derechos de los viajeros, bajo amenaza de sanciones de hasta 30.000 euros.
Soldecanarias.net / Madrid
El Gobierno ha oficializado la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, que obliga a empresas de hospedaje y alquiler de vehículos a registrar una amplia cantidad de datos personales de sus clientes en la plataforma Ses.Hospedajes. La normativa, presentada como una medida para reforzar la seguridad ciudadana, ha sido duramente criticada por su impacto en la privacidad de los ciudadanos y la carga administrativa que representa para las empresas del sector.
A partir del 2 de diciembre, las empresas estarán obligadas a recopilar datos tan detallados como nombre completo, número de documento de identidad, dirección, teléfonos, correos electrónicos, e incluso información sobre el método de pago, incluyendo datos de tarjetas de crédito. En el caso de los alquileres de vehículos, se exige también información de todos los conductores vinculados al contrato.
Una amenaza para la privacidad
Los detractores de esta medida señalan que la recopilación masiva de datos personales representa un riesgo evidente para la privacidad de los ciudadanos. La posibilidad de que esta información sea mal gestionada o utilizada con fines indebidos ha generado alarma, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad y el uso indebido de los datos.
Además, muchos ciudadanos consideran que este nivel de control estatal sobre sus movimientos y transacciones privadas constituye una intrusión desproporcionada, incompatible con un Estado democrático que debe proteger los derechos individuales.
Empresas en pie de guerra
El sector empresarial, particularmente las pequeñas y medianas empresas, ha denunciado el impacto que esta normativa tendrá sobre su competitividad. La carga burocrática que supone el registro exhaustivo de datos es vista como un obstáculo adicional para negocios que ya enfrentan numerosos retos económicos.
Las asociaciones del sector critican al Gobierno por imponer esta medida sin ofrecer apoyo significativo para facilitar su implementación, y advierten que podría generar costos adicionales y ralentizar la operativa, afectando especialmente a los negocios más pequeños y menos digitalizados.
Sanciones desproporcionadas
El Real Decreto establece multas de hasta 30.000 euros para quienes incumplan con las obligaciones de registro, una cifra que los críticos consideran excesiva y desproporcionada en comparación con las faltas que busca prevenir. Estas sanciones, en lugar de fomentar la adaptación, podrían llevar a muchos pequeños negocios al cierre, especialmente en áreas rurales o en sectores emergentes como los alquileres turísticos.
Conclusión: seguridad a costa de derechos
Aunque el Gobierno defiende la medida como una modernización necesaria tras 65 años sin cambios en el sistema de registro, la realidad es que pone en jaque derechos fundamentales como la privacidad, además de imponer cargas excesivas a las empresas. Este enfoque punitivo y controlador amenaza con ahogar a sectores clave de la economía y erosionar la confianza de los ciudadanos en la protección de sus datos personales.
La seguridad no puede ser una excusa para justificar medidas que comprometen las libertades individuales y la viabilidad empresarial. Es imprescindible replantear esta normativa para equilibrar la seguridad con los derechos y necesidades de la sociedad.
