El empresario que denunció a cuatro concejales de Coalición Canaria amplía ahora la acción judicial contra Fátima Lemes por la supuesta exclusión de su expediente de varias reuniones de la Junta de Gobierno
Soldecanarias.net / Arona
La disputa en torno a un expediente urbanístico pendiente de resolución desde hace años ha abierto un nuevo frente judicial en el Ayuntamiento de Arona. El empresario que presentó recientemente una querella contra cuatro concejales de Coalición Canaria ha ampliado ahora su acción contra la alcaldesa del municipio, Fátima Lemes, a quien atribuye una presunta actuación irregular en la tramitación de una licencia de obra.
La ampliación de la querella, presentada ante el órgano judicial competente en Arona, sostiene que la regidora habría permitido que el expediente permaneciera fuera de los órdenes del día de varias reuniones de la Junta de Gobierno Local pese a que, según la documentación aportada por la acusación, contaba con informes técnicos y jurídicos favorables.
La parte querellante considera que esta actuación podría ser constitutiva de un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión. No obstante, se trata de acusaciones incluidas en una acción judicial que todavía deberá ser valorada por el juzgado, que tendrá que decidir si admite a trámite la querella y si procede practicar las diligencias solicitadas.
Un expediente pendiente desde 2020
El origen del conflicto se sitúa en septiembre de 2020, cuando una empresa promotora solicitó al Ayuntamiento de Arona una licencia para demoler una construcción inacabada y levantar en su lugar un nuevo espacio sociocultural y recreativo en la zona de Los Cristianos.
El procedimiento, que inicialmente contaba con un plazo legal de resolución de tres meses, continúa sin una decisión definitiva seis años después de su presentación.
Durante los meses de junio y julio de este año, los servicios municipales emitieron informes favorables al proyecto. Según la documentación incorporada a la querella, el 6 de julio se formuló una propuesta favorable a la concesión de la licencia, aunque condicionada al cumplimiento de determinados requisitos.
Entre ellos figuraba la constitución de un aval superior a 353.000 euros y la ejecución de determinadas actuaciones de urbanización vinculadas al proyecto.
Sin embargo, el expediente no llegó a resolverse. La Junta de Gobierno Local decidió dejarlo sobre la mesa en julio para analizar distintas cuestiones relacionadas con la propuesta.
La acusación señala varias reuniones
Uno de los elementos en los que se apoya la ampliación de la querella es la celebración de varias reuniones de la Junta de Gobierno durante septiembre.
Según sostiene el empresario, el expediente volvió a quedar fuera de las convocatorias de los días 1, 8 y 29 de septiembre. La acusación considera relevante que durante esas mismas reuniones sí se abordaran otros expedientes relacionados con licencias de obra mayor.
Para la parte querellante, esta circunstancia apuntaría a que no existía una paralización general de los procedimientos urbanísticos, sino una exclusión concreta del proyecto objeto del litigio.
La responsabilidad que se atribuye a la alcaldesa se basa, según el escrito judicial, en sus competencias para convocar las sesiones de la Junta de Gobierno y establecer los asuntos que deben figurar en el orden del día.
De cuatro concejales a la alcaldesa
La acción judicial contra Fátima Lemes se suma a la querella presentada el pasado 30 de septiembre contra cuatro concejales de Coalición Canaria: Clara María Pérez Pérez, Ruth Guacimara Martín López, Guacimara Tavío Fumero y Héctor Timoteo Reyes González.
El empresario sostiene que los cuatro ediles habrían contribuido presuntamente a retrasar la resolución del expediente y les atribuye un posible delito de prevaricación administrativa por omisión.
Ahora, la acusación extiende esas sospechas a la alcaldesa y sostiene que la regidora conocía la situación del procedimiento y los informes emitidos por los técnicos municipales.
Según la documentación presentada, la continuidad de la exclusión del expediente de las convocatorias de septiembre habría reforzado, a juicio de la parte denunciante, la sospecha de que no se trataba simplemente de un retraso administrativo.
Qué pide la acusación al juzgado
La ampliación de la querella solicita que Fátima Lemes sea citada a declarar en calidad de investigada. También reclama al Ayuntamiento documentación relacionada con las reuniones de la Junta de Gobierno celebradas desde el pasado mes de julio.
Entre las diligencias solicitadas figuran las convocatorias, los órdenes del día y las actas o grabaciones de las sesiones. La acusación quiere además determinar si el expediente llegó a ser propuesto formalmente para su inclusión en alguna reunión y, en ese caso, quién habría decidido finalmente dejarlo fuera.
También se solicita la declaración como testigo de la vicesecretaria general del Ayuntamiento con el objetivo de aclarar cómo se confeccionaron los órdenes del día y cuál fue la tramitación seguida respecto al expediente.
Por el momento, la querella inicial se encontraba pendiente de reparto y de una eventual admisión a trámite. Será el juzgado el que determine si existen indicios suficientes para abrir diligencias y esclarecer las decisiones adoptadas durante la tramitación de la licencia.
El caso deja así en manos de la Justicia la investigación de un expediente urbanístico que lleva seis años pendiente de resolución y que ahora ha ampliado sus implicaciones desde varios miembros de la Junta de Gobierno hasta la propia alcaldesa de Arona.
