Por Mohamed Jamil Derbah, Presidente de Fuerza Canaria, Presidente, Gerente del grupo de comunicacion Sol de Canarias y Asesor Internacional
La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto ley que regula la distribución de menores migrantes no acompañados constituye un avance crucial en la lucha contra una de las realidades más dolorosas y complejas que enfrentamos como sociedad. Unos 3.000 menores migrantes no acompañados han llegado a Canarias, nuestra comunidad autónoma, que sigue siendo la principal puerta de entrada de menores desde el continente africano. Por fin, tras un largo proceso de negociaciones y obstáculos políticos, se ha alcanzado un acuerdo que, aunque imperfecto y aún sujeto a desafíos, promete mejorar la atención y distribución de estos jóvenes en el conjunto del Estado.
El Proceso de Negociación: Un Paso Lento pero Necesario
No cabe duda de que el proceso para llegar a este real decreto no fue fácil. En más de 17 meses de negociaciones, las dificultades han sido muchas, pero las lecciones aprendidas son también invaluables. Enfrentados a la resistencia y los bloqueos de sectores políticos que prefieren la confrontación a la cooperación, logramos avanzar gracias a la firme voluntad de una gran mayoría de grupos políticos en Canarias y en el Estado, que comprendieron la urgencia de una respuesta humana y solidaria.
El respaldo al acuerdo en Canarias fue un ejemplo de colaboración interinstitucional. El Gobierno regional, bajo el liderazgo de Coalición Canaria, supo escuchar y plasmar en un documento político y legislativo la necesidad de compartir la carga migratoria entre todas las comunidades autónomas. Este pacto de distribución fue un compromiso valiente que reunió a fuerzas progresistas y conservadoras en torno a un objetivo común: garantizar la atención digna y equitativa para los menores migrantes.
Un Acuerdo para el Futuro: Garantizar una Distribución Justa
El real decreto ley aprobado establece finalmente que, cuando una comunidad autónoma supere su capacidad de acogida, como es el caso de Canarias, el Ejecutivo central intervendrá para garantizar la redistribución de los menores en otras regiones del país. Es una medida que responde a la necesidad de actuar con justicia social y de evitar que las regiones más afectadas por el fenómeno migratorio carguen solas con la responsabilidad de atender a los menores.
Aunque se ha dado un paso importante, sabemos que la implementación del decreto será un reto. No podemos olvidar que todavía existen resistencias y que el camino para la plena integración de estos menores es largo y lleno de obstáculos. La xenofobia y el racismo siguen siendo amenazas que alimentan divisiones dentro de la sociedad española, y no podemos permitir que estos discursos de odio ganen terreno en el proceso de acogida.
El real decreto establece una redistribución obligatoria cuando una comunidad triplique su capacidad de acogida. Este es un avance clave, porque implica la creación de mecanismos formales para que el proceso de reubicación sea automático y no dependa de decisiones políticas particulares. Además, el fondo de 100 millones de euros destinado a financiar estos traslados es una muestra de que el Estado está tomando medidas concretas para garantizar que no haya desidia en la implementación de la ley.
Una Mirada a la Solidaridad y la Equidad: Un Desafío Colectivo
Es fundamental resaltar que el acuerdo alcanzado no es solo una victoria para Canarias, sino para toda España. La acogida de menores migrantes no es un problema aislado de una región o comunidad autónoma en particular, sino un desafío que nos compete a todos. Canarias, debido a su posición geográfica, es la región que más ha sufrido los efectos de la migración desde África, y es la que más ha hecho frente al drama humanitario. Sin embargo, es esencial que todas las comunidades autónomas se comprometan a ser parte de la solución, sin escurrir el bulto ni eludiendo sus responsabilidades.
El proceso ha sido largo, pero el consenso alcanzado en el ámbito político y social debe ser aplaudido. Las negociaciones, aunque difíciles, también han permitido que se abran puertas al diálogo, la cooperación y la solidaridad. En este sentido, debemos reconocer el compromiso de aquellos que, a pesar de las dificultades, han apostado por un modelo de acogida basado en los derechos humanos, la justicia social y la equidad. Sin embargo, este acuerdo no es el final del camino, sino solo el comienzo de un proceso de integración y protección que debe continuar en los próximos meses y años.
El Camino por Recorrer: Más Trabajo por Hacer
A pesar de los avances, no podemos restar importancia al hecho de que aún queda mucho por hacer. La distribución obligatoria de los menores migrantes, aunque es un primer paso positivo, necesita de una implementación eficaz y sin dilaciones. Es necesario que todas las comunidades autónomas trabajen de forma coordinada, y que los recursos destinados a la atención de estos menores se distribuyan de manera justa y eficiente. Además, debemos estar atentos a que no surjan vacíos legales ni lagunas administrativas que pongan en riesgo el bienestar de estos menores.
Por último, la lucha contra la xenofobia y el racismo debe ser una prioridad en todo este proceso. Las políticas de acogida deben ir acompañadas de campañas de sensibilización y de una educación inclusiva que fomente la convivencia y el respeto mutuo. En un mundo globalizado, donde las fronteras son cada vez más difusas, debemos apostar por una sociedad que sea solidaria y que promueva la integración de todos los seres humanos, independientemente de su origen.
En conclusión, aunque el camino hacia una solución definitiva es largo y estará lleno de retos, la aprobación de este real decreto marca un punto de inflexión en la política migratoria de España. Felicitamos al Gobierno por este paso hacia la justicia social, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por un futuro en el que todos los menores migrantes reciban la atención y protección que merecen. Ahora, más que nunca, debemos ser conscientes de que el trabajo no ha hecho más que comenzar.
Mohamed Jamil Derbah
Presidente de Fuerza Canaria y Asesor Internacional de Varios Países Africanos
