La Audiencia Provincial le impone penas que suman más de tres años de prisión, suspendidas a condición de que no vuelva a delinquir y abone las indemnizaciones fijadas
Soldecanarias.net / Granadilla de Abona
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al propietario de un establecimiento ubicado en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, por cometer agresiones sexuales contra tres trabajadoras de su empresa entre finales de 2022 y 2023.
La sentencia, dictada tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado durante la vista oral, le impone penas que suman tres años y dos meses de prisión por tres delitos de agresión sexual, dos de ellos de carácter continuado. Además, deberá indemnizar a las víctimas con un total de 43.850 euros por los daños ocasionados.
Según recoge la resolución judicial, el empresario aprovechó su posición de superioridad dentro de la empresa para realizar de forma reiterada tocamientos no consentidos a una de las empleadas durante varios meses. La situación provocó en la trabajadora un deterioro de su estado emocional que derivó en una baja laboral por ansiedad.
Posteriormente, el condenado mantuvo conductas similares con una segunda empleada, que también sufrió episodios de angustia relacionados con los hechos denunciados. La tercera víctima relató comportamientos de la misma naturaleza, tras los cuales comenzó a evitar cualquier contacto con el empresario. Poco después fue despedida.
Las dos primeras trabajadoras acudieron a la Guardia Civil en noviembre de 2023 para denunciar lo sucedido. El procedimiento judicial culminó con la admisión de responsabilidad por parte del acusado, una circunstancia que evitó la celebración de un juicio con práctica completa de pruebas.
La Audiencia ha tenido en cuenta la existencia de dilaciones indebidas durante la tramitación de la causa, una circunstancia atenuante contemplada en el Código Penal. No obstante, la resolución establece medidas de protección para las víctimas e impide al condenado acercarse o comunicarse con ellas durante varios años.
La sentencia también acuerda la suspensión del ingreso efectivo en prisión. Esta medida queda condicionada a que el empresario no cometa nuevos delitos durante los próximos cuatro años y cumpla íntegramente con las indemnizaciones fijadas por el tribunal. Con anterioridad a la celebración del juicio, el condenado había consignado 50.000 euros en el juzgado para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
El caso vuelve a situar el foco sobre las situaciones de abuso que pueden producirse en entornos laborales marcados por relaciones de dependencia jerárquica. La resolución judicial considera acreditado que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de las trabajadoras y del temor a perder su empleo para llevar a cabo conductas que atentaron contra su libertad sexual.
