Tres entidades denuncian desigualdades territoriales, falta de recursos públicos y retrasos administrativos que podrían dejar fuera del proceso a miles de personas migrantes.
Soldecanarias.net / Redacción
A menos de un mes para que finalice el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria contemplada en el Real Decreto 316/2026, varias organizaciones sociales han lanzado una llamada de atención sobre las dificultades que afrontan numerosas personas migrantes para acceder al procedimiento en Canarias.
La Fundación FÜNDEC, la Asociación Solidaridad Venezuela y la Asociación Asistencial Nahia han denunciado lo que califican como una respuesta insuficiente por parte de distintas administraciones públicas, señalando retrasos, carencia de medios y una falta de coordinación que, a su juicio, está comprometiendo la efectividad de la medida.
Las entidades aseguran que la situación es especialmente preocupante en aquellos casos en los que los solicitantes deben acreditar su situación de vulnerabilidad mediante los certificados exigidos por la normativa. Según explican, la disponibilidad de estos trámites varía significativamente entre municipios, generando diferencias en el acceso al proceso según el lugar de residencia.
Las organizaciones sostienen que algunos ayuntamientos han puesto en marcha dispositivos de atención específicos, aunque consideran que resultan insuficientes para atender la demanda existente. En otros territorios, afirman, los mecanismos de información y tramitación continúan siendo limitados o prácticamente inexistentes.
Ante esta realidad, las asociaciones advierten de que miles de potenciales beneficiarios podrían quedar excluidos de una oportunidad extraordinaria para regularizar su situación administrativa. Recuerdan que las estimaciones sitúan en torno a 30.000 las personas que podrían encontrarse en situación irregular en el Archipiélago, una cifra que, según indican, no se refleja en el volumen actual de solicitudes registradas.
Las entidades reclaman un refuerzo urgente de los servicios públicos implicados en el procedimiento, incluyendo más personal, ampliación de horarios y una mayor coordinación con las organizaciones sociales acreditadas para emitir informes de vulnerabilidad. También solicitan criterios homogéneos para todos los municipios con el fin de evitar desigualdades territoriales.
Entre sus demandas figuran además la agilización de trámites vinculados al acceso al empleo, la mejora de los mecanismos para acreditar la permanencia en España y una mayor transparencia institucional mediante la publicación periódica de datos sobre el desarrollo del proceso.
Por último, las organizaciones piden una ampliación del plazo actualmente fijado para el 30 de junio de 2026, al considerar que las dificultades detectadas podrían impedir que muchas personas ejerzan un derecho reconocido por la normativa estatal. Asimismo, reclaman la paralización de las deportaciones mientras continúe abierto el procedimiento extraordinario de regularización.
