La reforma excluye explícitamente las actuaciones turísticas alojativas, pero introduce proyectos de estudios de rodaje, como Dreamland Studios, que podrían afectar a suelos rústicos. Expertos advierten sobre el peligro de que esta flexibilización ponga en peligro el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del Archipiélago.
Soldecanarias.net / Redacciòn
Un cambio sin cambios sustanciales
La reciente reforma de la Ley del Suelo de Canarias ha traído consigo algunos ajustes en la normativa que regula los proyectos de interés insular, pero muchos aseguran que las modificaciones son mínimas. Aunque se excluye explícitamente la posibilidad de que los proyectos turísticos alojativos sean promovidos bajo esta figura, se abren nuevas puertas para otras iniciativas, como los estudios de rodaje de películas y series, que podrían tener un impacto significativo en el territorio de las islas.
La modificación de esta ley llega tras años de debate sobre su uso. Cuando la norma se aprobó en 2017, los críticos ya señalaron los posibles riesgos para el suelo rústico, pues la figura de los proyectos de interés insular podría ser utilizada para facilitar desarrollos privados en áreas de alto valor medioambiental. En este sentido, la reforma no ha sido tan transformadora como muchos esperaban, manteniendo la flexibilidad para la declaración de interés insular y permitiendo proyectos de relevancia supramunicipal o suprainsular, incluso en suelo rústico, con ciertas restricciones.
La amenaza de los proyectos audiovisuales
Uno de los cambios más comentados ha sido la introducción de los estudios de rodaje, que han sido catalogados como de «interés general». El caso de Dreamland Studios, en Gran Canaria, es un ejemplo claro de cómo este tipo de proyectos podría tener acceso a suelos rústicos, algo que genera preocupaciones entre los ecologistas y los defensores del territorio. Dreamland Studios, un macrocomplejo dedicado al cine y la producción audiovisual, inicialmente se planeó en Fuerteventura, pero tras la oposición popular y política, se trasladó a Gran Canaria, donde los problemas de acceso a terrenos adecuados también persisten.
El nuevo texto de la ley permite que este tipo de proyectos se realicen en suelos rústicos, siempre que cumplan con ciertos requisitos: una inversión mínima de 15 millones de euros, una superficie de al menos 50.000 metros cuadrados, y la creación de al menos 300 puestos de trabajo. A pesar de estos requisitos, la ubicación de estos estudios en áreas rústicas genera dudas sobre el impacto que tendrán sobre el paisaje y el medio ambiente.
La flexibilización del suelo rústico
El cambio más preocupante para muchos es la preservación de la figura de los proyectos de interés insular, que aún permiten la posibilidad de desarrollar iniciativas privadas en suelo rústico, aunque con ciertas limitaciones. La reforma no aclara suficientemente si estas restricciones son lo suficientemente estrictas como para proteger los espacios naturales más frágiles de las Islas, lo que deja abierta la puerta para que se sigan promoviendo proyectos que puedan alterar el ecosistema y el paisaje canario.
De hecho, el Cabildo de La Palma ya había utilizado esta figura para promover el controvertido “ecoresort” de La Pavona, un proyecto turístico que ha generado gran polémica debido a su proximidad al volcán Cumbre Vieja. A pesar de que la ley excluye los proyectos turísticos alojativos del interés insular, las iniciativas que se han llevado a cabo en su nombre siguen siendo cuestionadas por su impacto ambiental.
Preocupaciones medioambientales
Organizaciones ecologistas y ciudadanos de las Islas siguen defendiendo que la Ley del Suelo no ha logrado garantizar la protección efectiva del territorio, como lo demostraron las manifestaciones masivas del 20 de abril de 2024, en las que miles de canarios salieron a la calle para exigir un cambio real en la política de gestión del suelo. Las protestas reflejan una creciente desconfianza hacia la legislación y su capacidad para proteger los recursos naturales frente al avance de proyectos privados que no siempre tienen en cuenta la sostenibilidad a largo plazo.
Reacciones políticas
La reforma, que ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias, también ha dejado en evidencia las debilidades de la ley original, que fue aprobada en 2017 bajo el mandato del expresidente Fernando Clavijo. La Consejería de Política Territorial, liderada por Manuel Miranda de Coalición Canaria, ha reconocido que algunos aspectos de la legislación generaron «dudas interpretativas», pero asegura que la nueva actualización reducirá los plazos de tramitación y simplificará los procedimientos administrativos.
Un futuro incierto
A pesar de los esfuerzos por simplificar la normativa, muchos siguen viendo en esta reforma una oportunidad para que grandes proyectos privados continúen desarrollándose sin una supervisión adecuada. El concepto de «interés insular» sigue siendo una herramienta poderosa para agilizar la tramitación de iniciativas que, si no se gestionan correctamente, podrían poner en peligro el equilibrio entre desarrollo y conservación. Con ello, la Ley del Suelo sigue siendo una de las grandes controversias en el panorama político y medioambiental de Canarias.
