Propietarios y empresarios alertan sobre el impacto de la norma en el sector turístico
Soldecanarias.net / Redacciòn
La tramitación de la nueva ley de vivienda vacacional en el Parlamento de Canarias ha generado preocupación entre ayuntamientos, empresarios y propietarios de pisos turísticos. Según advierten, la normativa, tal y como está redactada, dejaría en un limbo legal a cerca de 25.000 viviendas ubicadas en complejos extrahoteleros de zonas turísticas, prohibiendo su uso como alquiler vacacional y poniendo en riesgo la viabilidad de miles de negocios y familias que dependen de esta actividad.
Una disposición que cambia las reglas del juego
El punto más controvertido de la nueva ley es una disposición transitoria que establece que, en un plazo de tres años desde su entrada en vigor, los propietarios de unidades en complejos turísticos que hayan sido convertidos en residenciales podrán solicitar su cambio definitivo de uso a residencial. Sin embargo, la norma especifica que, en ningún caso, estos apartamentos podrán destinarse al alquiler vacacional.
Esta medida afectaría directamente a miles de propietarios que adquirieron estas viviendas con el propósito de destinarlas a alquiler turístico, una práctica que se ha consolidado en Canarias en los últimos años como una alternativa a la oferta hotelera tradicional.
Empresarios y propietarios en pie de guerra
Tanto la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) han mostrado su rechazo a la actual redacción de la norma. Mientras la Fecam propone una disposición que permita integrar estas viviendas dentro del modelo de explotación turística, Ascav advierte que la ley podría poner en peligro al 80% del sector del alquiler vacacional en el archipiélago.
Desde Ascav alertan de que la normativa supondría la expulsión de miles de viviendas del mercado turístico, con graves consecuencias económicas tanto para los propietarios como para los comercios y negocios locales que dependen del turismo vacacional. Además, consideran que la ley generará inseguridad jurídica y provocará una caída en la inversión en el sector.
Un debate abierto en el Parlamento
Ante la creciente presión del sector, el Parlamento de Canarias continúa debatiendo la norma, mientras empresarios y propietarios exigen modificaciones que permitan mantener el equilibrio entre la regulación del mercado y la viabilidad del alquiler vacacional.
Las próximas semanas serán clave para definir el futuro de estas 25.000 viviendas, en un contexto donde el turismo sigue siendo el principal motor económico de Canarias y cualquier cambio normativo puede tener un impacto significativo en el sector.
