El Ejecutivo de Clavijo elimina la disposición que permitía ocupar mandos superiores sin la titulación exigida, tras alcanzar un acuerdo con el Estado para evitar un conflicto constitucional.
Redacción | soldecanarias.net
El Gobierno de Canarias ha decidido eliminar una de las modificaciones más controvertidas introducidas en la Ley de la Policía Canaria a través de los presupuestos autonómicos de 2026. La reforma permitía que determinados agentes ascendieran temporalmente a puestos de mayor responsabilidad sin disponer de la titulación requerida, cuando no hubiera otros funcionarios que reunieran las condiciones.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), responde al acuerdo alcanzado el pasado junio en la Comisión Bilateral con el Estado. El propio Ejecutivo autonómico reconoce que la disposición afectaba al reparto constitucional de competencias y que su mantenimiento podía generar inseguridad jurídica.
El cambio había provocado el rechazo de varios sindicatos policiales, entre ellos Intersindical Canaria, CSIF y Sepca, que cuestionaron tanto el procedimiento utilizado para aprobarlo como su compatibilidad con la normativa de función pública.
Sin embargo, la derogación no elimina otra modificación que sigue vigente y que permite a la consejera de Seguridad elegir entre distintos mandos de la escala superior para sustituir al jefe del cuerpo, sin tener que respetar necesariamente el orden del escalafón.
La polémica se produce además en un contexto de controversia por anteriores nombramientos en la cúpula policial. Una reciente resolución judicial anuló el cese del anterior jefe de la Policía Canaria, al considerar insuficiente su motivación, aunque la sentencia todavía no es firme.
Por otra parte, el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 vuelve a incluir cambios relacionados con las retribuciones de los mandos que desempeñen provisionalmente puestos de superior categoría.
La marcha atrás del Gobierno deja abierto el debate sobre los mecanismos de promoción interna, los criterios de selección de los responsables policiales y las garantías de transparencia dentro de la Policía Autonómica.
