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domingo, julio 21, 2024

Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote impulsan la vivienda pública y el alquiler social en la Isla

El presidente de Canarias y el presidente del Cabildo han refrendado este importante documento con el objetivo de fomentar actuaciones para incrementar el parque público de vivienda en Lanzarote dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, han ratificado este jueves el Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y la primera Corporación insular para la realización de actuaciones con el objetivo de impulsar la vivienda pública y promover el alquiler social en Lanzarote.

Gracias a este convenio, ambas administraciones colaborarán en la ejecución y financiación de las acciones enmarcadas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y que están encaminadas a fomentar, fundamentalmente, el incremento de la oferta y del parque público de viviendas en alquiler, para garantizar el derecho a la vivienda y atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la misma.

En este sentido, se trata de un importante instrumento, suscrito recientemente por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, y el presidente del Cabildo, que articulará e impulsará la ejecución de los diferentes convenios específicos que se acuerden en materia de vivienda en la isla de Lanzarote.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que con este convenio marco de cooperación “estamos cumpliendo con la hoja de ruta que nos hemos marcado, desde la colaboración institucional, con el Cabildo de Lanzarote de la mano, para dar respuesta a uno de los principales problemas de la ciudadanía, la falta de vivienda”. En este sentido, señaló que “es una más de las herramientas puestas en marcha para favorecer el acceso a la vivienda en las islas, en este caso, impulsando la vivienda pública y la promoción del alquiler social en Lanzarote”.

Por su parte, el presidente del Cabildo lanzaroteño, Oswaldo Betancort, se mostró muy satisfecho por la reciente firma de este convenio marco que “va a permitir que Lanzarote cuente con una mayor oferta de vivienda pública a precios asequibles y, para ello, no sólo vamos a poner a disposición del Gobierno de Canarias el suelo necesario para la construcción de viviendas de protección pública, sino que también vamos a impulsar el alquiler social y a financiar la compra de suelo e inmuebles para hacer frente al problema de la vivienda que afecta a tantas familias, a tantos trabajadores y a tantos jóvenes de nuestra isla”.

De este modo, en virtud de este convenio marco de cooperación, el Cabildo consignará anualmente, durante los años de vigencia de dicho convenio, una partida presupuestaria para financiar la adquisición de inmuebles y, en su caso, la ejecución de las obras que fueran necesarias acometer para su puesta al uso.

Asimismo, podrá dotar presupuestariamente líneas de subvención destinadas a los Ayuntamientos para la adquisición de suelo y/o colaborar con los gastos de urbanización, siempre que el suelo objeto de la actuación esté destinado a viviendas en régimen de alquiler social o asequible, de conformidad con la disposición adicional segunda del Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.

Creación de una comisión mixta

Este convenio también establece la constitución de una comisión mixta con el objeto de estudiar y analizar la realidad insular en materia de vivienda, e ir proponiendo actuaciones en los municipios más tensionados para que dispongan de oferta de inmuebles en el mercado.

Así, las funciones de esta Comisión serán, entre otras, analizar la realidad municipal de la isla en lo que a inmuebles de titularidad pública en régimen de alquiler se refiere, con el objeto de establecer y concretar los municipios que precisan de actuaciones más urgentes para paliar el déficit de este tipo de viviendas. Además de estudiar la oferta de inmuebles terminados o pendientes de terminación que pudieran ser adquiridos o de aquellos solares de titularidad municipal aptos para la ejecución de vivienda pública.

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