El partido critica la nueva obligación de presentar la declaración de la renta para los parados, que castiga a las clases medias y bajas, mientras el gobierno se aleja de sus promesas populistas.
Soldecnarias.net / Adeje
Fuerza Canaria en Tenerife ha expresado su profunda preocupación por la nueva normativa del Gobierno Central, que obliga a todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo a presentar la declaración de la renta, sin importar el monto que perciban. Esta medida, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, ha sido calificada como una fiscalización sin precedentes, que representa una carga insostenible para las clases más vulnerables de la sociedad, especialmente para aquellos que ya enfrentan dificultades económicas.
El portavoz de Fuerza Canaria en Tenerife afirmó que «esta nueva imposición fiscal castiga a los desempleados, incluso aquellos que perciben solo 480 euros mensuales, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Es un golpe a las clases medias y bajas, que ya están soportando una presión impositiva insoportable».
Según el partido, la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de exigir a todos los desempleados la presentación de la declaración fiscal, sin excepción, es una medida que, lejos de ayudar a quienes más lo necesitan, castiga a las personas que perciben los subsidios mínimos. «Estamos ante una fiscalización exagerada, una medida recaudatoria que, lejos de proteger a los más vulnerables, los expone a sanciones y dificultades adicionales», señalaron desde la formación.
Un gobierno más preocupado por recaudar que por proteger a los más débiles
Fuerza Canaria ha cuestionado la efectividad de las promesas del Gobierno Central, como el aumento de las pensiones y la reducción de la jornada laboral. «Nos encontramos con un gobierno que se llena la boca hablando de aumentos en las pensiones y reducciones de jornada, pero al mismo tiempo castiga a los desempleados con una fiscalización excesiva. Estas promesas se están convirtiendo en trampas, en medidas populistas que no benefician a la ciudadanía», aseguró el portavoz del partido.
El partido también denuncia que, en lugar de fortalecer el sistema de protección social para los desempleados, lo que estamos presenciando es un desmantelamiento de las garantías básicas. «La obligación de declarar la renta es un nuevo obstáculo para los desempleados, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Esta carga administrativa solo contribuye a hacer más difícil la vida de las clases medias y bajas, mientras el gobierno se dedica a aumentar su capacidad recaudatoria», agregó Fuerza Canaria.
Un nuevo golpe a las clases medias y bajas
Fuerza Canaria considera que esta nueva normativa sobre la renta no solo es una carga excesiva para los desempleados, sino también un duro golpe a las clases medias y bajas de la sociedad. «Este gobierno está desprotegiendo a los sectores más necesitados, y las clases medias y bajas son las que están pagando el precio de su insostenible política fiscal», concluyó el partido.
El portavoz reiteró que «la carga impositiva ya es insoportable para muchos, y ahora se les impone esta nueva obligación fiscal. La situación es insostenible, y esto está dejando a una parte importante de la población en una situación aún más precaria. En lugar de aliviar la carga de los ciudadanos, el Gobierno Central la está incrementando de manera injusta».
El camino hacia la fiscalización excesiva
Desde Fuerza Canaria se advierte que el enfoque del Gobierno Central no es el adecuado, ya que no se están tomando en cuenta las necesidades reales de las personas más vulnerables. «El Gobierno Central debe reconsiderar esta medida y priorizar políticas que realmente apoyen a las clases más desprotegidas. Necesitamos un plan justo, que no utilice a los más débiles como moneda de cambio en una estrategia fiscal que solo favorece a los poderosos», concluyó el portavoz.
Fuerza Canaria exige que se deje de usar a las clases vulnerables como herramienta para lograr objetivos recaudatorios, y pide al Gobierno Central que actúe con responsabilidad para aliviar la carga de los ciudadanos, en lugar de sumirlos en una crisis fiscal innecesaria.
