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jueves, diciembre 5, 2024

El PP logra el respaldo de la Cámara para que la ley no suba la tasa de recogida de basura

Soldecanarias.net

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri, logra el respaldo del Parlamento de Canarias para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 7/2022 sobre Residuos y suelos contaminados para una economía circular y que su aplicación “no repercuta en el bolsillo de los ciudadanos con un aumento significativo de la carga impositiva”.

Qadri manifestó que la ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, “obliga a los ayuntamientos a implementar una tasa de basuras por el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos a partir del diez de abril del próximo año y cuyo importe lo tendrán que costear íntegramente nuestros vecinos”.

“Esta medida -recordó- va a suponer un incremento de al menos el 100% del recibo de la basura para la mayor parte de viviendas y del 150% para las actividades comerciales, industriales y de hostelería” lo que, a juicio del diputado popular es “un verdadero abuso sin precedentes en nuestro país que invade competencias municipales impuesto por el Gobierno de Sánchez con el único objetivo de recaudar porque no mejora absolutamente nada”.

En este sentido, Qadri hizo hincapié en que “al contrario de lo que quiere hacernos creer el gobierno de España”, la Directiva de Residuos de la UE “no impone directamente a los Estados miembros la obligación de incrementar la tasa de basura para cargar el coste de la medida al bolsillo de los ciudadanos”.

Por este motivo, la Proposición No de Ley aprobada por el pleno de la Cámara autonómica a instancias del Partido Popular pide la Gobierno de Canarias que inste al Gobierno de España a respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.

Así mismo, la iniciativa popular pedía, entre otras medidas, impulsar de manera prioritaria y urgente la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para que la consecución de los objetivos de la Directiva Europea no signifique una sobre carga impositiva al ciudadano y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, que apoye la creación de infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos en materia de residuos.



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