El anteproyecto de Ley de Biodiversidad centraliza en el Ejecutivo autonómico la capacidad de autorizar excepciones ambientales tras la polémica del desarrollo de Cuna del Alma en Adeje
Soldecanarias.net / Adeje
El Gobierno de Canarias ha optado por cerrar la puerta que, hasta ahora, permitía a los ayuntamientos sortear la protección de especies amenazadas bajo el paraguas del “interés público de primer orden”. La decisión llega tras la controversia generada por el proyecto turístico Cuna del Alma, en el sur de Tenerife, y supone un giro en la interpretación y aplicación de una herramienta jurídica pensada para situaciones excepcionales.
El nuevo anteproyecto de Ley de Biodiversidad, impulsado por el Ejecutivo regional, introduce un cambio sustancial: serán el propio Gobierno o el Parlamento autonómico quienes tengan la última palabra para autorizar actuaciones que afecten a especies protegidas. Los consistorios, en adelante, quedarán relegados a un papel de tramitación sin capacidad decisoria en este ámbito.
La reforma no es menor. Hasta ahora, la legislación estatal permitía excepciones a la protección ambiental cuando concurrían razones imperiosas de interés general y no existía alternativa viable. Esa “válvula de escape” fue precisamente la que utilizó el Ayuntamiento de Adeje en 2024 para desbloquear un proyecto urbanístico paralizado por la presencia de la viborina triste, una planta catalogada como especie protegida.
El consistorio defendió entonces que la operación respondía, entre otros motivos, a la necesidad de generar recursos para afrontar la crisis de vivienda en el municipio. Sin embargo, el desarrollo proyectado —con viviendas de alto nivel económico— generó críticas por la aparente contradicción entre el argumento social y la naturaleza del proyecto.
El caso acabó en los tribunales. Aunque la justicia cuestionó la ausencia de un procedimiento ambiental adecuado para autorizar el traslado de la especie, las obras no se paralizaron. La razón: la planta ya había sido traslocada cuando se produjo el pronunciamiento judicial, un ejemplo de lo que suele denominarse “hechos consumados”.
Ese episodio ha evidenciado, según fuentes jurídicas y políticas, la falta de claridad en el reparto de competencias entre administraciones. El propio Gobierno canario reconoció en informes internos la existencia de una “laguna” legal sobre qué órgano debía autorizar este tipo de decisiones, lo que abrió la puerta a interpretaciones dispares.
Con la nueva ley, el Ejecutivo busca evitar que se repitan situaciones similares. La propuesta establece que cualquier declaración de interés público que implique afectar a especies protegidas deberá contar con una aprobación centralizada y motivada, limitando así la capacidad de actuación unilateral de los ayuntamientos.
Al mismo tiempo, la norma redefine el papel de las administraciones locales en materia ambiental, circunscribiéndolo a funciones como la gestión de zonas verdes urbanas, el control de la contaminación lumínica o el desarrollo de proyectos de naturalización en entornos urbanos.
El anteproyecto, tramitado por la vía de urgencia, ha reducido además los plazos de participación pública, lo que ha suscitado críticas desde distintos sectores. No obstante, el Gobierno defiende que la ley permitirá dotar al archipiélago de un marco integral para la protección del patrimonio natural, alineado con los desafíos actuales.
Más allá del caso concreto de Adeje, el cambio normativo refleja una tensión de fondo: cómo equilibrar el desarrollo económico, especialmente en territorios turísticos, con la conservación efectiva de la biodiversidad. Una cuestión que, en Canarias, sigue lejos de resolverse de forma pacífica.
