El PSOE atribuye a los acuerdos de gobierno entre Coalición Canaria, PP y Vox la estrategia para retrasar la retirada del conjunto escultórico, mientras el Ayuntamiento explora una nueva vía de protección patrimonial
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
La controversia sobre el futuro del monumento dedicado a Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras el anuncio del Ayuntamiento de estudiar una posible protección municipal del conjunto escultórico. La decisión ha provocado la reacción del PSOE, que considera que la iniciativa responde a una estrategia para aplazar la retirada de la obra, ordenada por el Ministerio de Memoria Democrática.
Los socialistas sostienen que la nueva propuesta municipal se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara su declaración como Bien de Interés Cultural, una posibilidad que había sido defendida por algunos sectores como fórmula para preservar el monumento. A juicio del PSOE, la apertura de un nuevo procedimiento evidencia la voluntad del gobierno local de prolongar el conflicto en lugar de ejecutar la resolución estatal.
Desde la oposición, el portavoz socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, relaciona esta posición con los acuerdos políticos alcanzados por Coalición Canaria con el Partido Popular y Vox en distintas instituciones. Según su interpretación, esos pactos explicarían la resistencia del Ayuntamiento a retirar una escultura que, afirma, constituye un símbolo de exaltación de la dictadura franquista y cuya permanencia resulta incompatible con la legislación vigente en materia de memoria democrática.
El consistorio, por su parte, ha defendido la conveniencia de analizar los posibles valores artísticos del conjunto antes de adoptar una decisión definitiva. La apertura del expediente permitiría solicitar la suspensión cautelar de la orden de retirada mientras se resuelve el procedimiento administrativo, una opción que el Ayuntamiento no descarta acompañar de acciones judiciales si fuera necesario.
La disputa también se ha trasladado al ámbito institucional. El Grupo Socialista recuerda que promovió una iniciativa en el Cabildo para instar al Gobierno de Canarias a concluir el expediente abierto sobre el monumento sin otorgarle protección patrimonial. La propuesta no prosperó con el respaldo de Coalición Canaria, circunstancia que el PSOE interpreta como una muestra de la falta de voluntad para cerrar el proceso.
El monumento, inaugurado en 1966, ha sido objeto de un prolongado debate público durante las últimas décadas. Mientras algunos sectores han defendido su conservación por motivos históricos o artísticos, otros consideran que su permanencia en el espacio público vulnera los principios recogidos en la Ley de Memoria Democrática al conmemorar un episodio vinculado al golpe de Estado de 1936 y a la posterior dictadura.
Con este nuevo episodio, la discusión trasciende el ámbito patrimonial para convertirse de nuevo en un asunto de confrontación política e institucional, en el que se entrecruzan las interpretaciones sobre la memoria histórica, la protección del patrimonio y el alcance de las obligaciones legales derivadas de la normativa estatal.
