El futuro del alquiler vacacional en Canarias está en el aire. La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha comenzado su tramitación en el Parlamento regional, generando un intenso debate entre los cabildos insulares y los 88 municipios del archipiélago.
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
Las diferencias entre las distintas realidades insulares han quedado en evidencia en una sesión parlamentaria en la que los representantes insulares expusieron sus dudas y preocupaciones ante la consejera de Turismo, Jéssica de León.
Posturas encontradas entre los cabildos
Uno de los puntos clave de la discusión es el impacto del alquiler vacacional en cada territorio. Mientras Tenerife ha solicitado una suspensión temporal de nuevas licencias para esta modalidad de alojamiento turístico, las denominadas Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) defienden la continuidad de este modelo como una fuente crucial de ingresos. La diversidad geográfica y socioeconómica de Canarias ha propiciado enfoques muy distintos sobre cómo regular el fenómeno.
La consejera de Turismo subrayó que la nueva ley permitirá a cada municipio desarrollar su propia estrategia de regulación, lo que se traduce en 88 posibles enfoques distintos para gestionar el alquiler vacacional en función de las necesidades locales. Sin embargo, este margen de maniobra no ha disipado las preocupaciones sobre la falta de una directriz unificada y el riesgo de generar desigualdades entre territorios.
El desafío de la sostenibilidad y la convivencia
Uno de los principales argumentos de quienes exigen una regulación más estricta es el impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda y en la convivencia vecinal. En municipios con alta presión turística, como los del sur de Tenerife y Gran Canaria, la proliferación de viviendas destinadas a uso turístico ha disparado los precios del alquiler residencial, dificultando el acceso a la vivienda para los residentes.
En contraposición, los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro consideran que esta modalidad de alojamiento es esencial para la dinamización económica de sus territorios, donde la oferta hotelera es limitada y el turismo rural representa un pilar fundamental. Para ellos, restringir el alquiler vacacional supondría un freno al desarrollo local y a la generación de empleo.
La necesidad de una regulación equilibrada
Desde el sector turístico y empresarial se insiste en la importancia de encontrar un equilibrio que permita compatibilizar el alquiler vacacional con la vivienda residencial y la sostenibilidad del destino. En este sentido, algunas de las medidas propuestas incluyen la zonificación para limitar la oferta en áreas con mayor presión, la imposición de cuotas máximas de viviendas turísticas y la exigencia de estándares de calidad y sostenibilidad.
A medida que la ley avance en su tramitación, el reto para el Parlamento de Canarias será articular una normativa que atienda la diversidad de realidades del archipiélago sin perjudicar el acceso a la vivienda ni frenar el desarrollo económico. En las próximas semanas, el debate continuará con la participación de los distintos actores implicados, en un intento por hallar la mejor fórmula para regular el alquiler vacacional en el archipiélago.
