La falta de acuerdo entre sindicatos y empresas prolonga un conflicto que reabre el debate sobre la gestión de las ambulancias, las condiciones laborales y la sostenibilidad de un servicio esencial
Soldecanarias.net / Redacción
El transporte sanitario en Canarias atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La negociación del nuevo convenio colectivo permanece estancada desde la expiración del anterior marco laboral y mantiene abierto un conflicto que afecta a miles de profesionales, mientras sindicatos, empresas y Administración discrepan sobre quién debe asumir el coste de mejorar un servicio considerado esencial para el sistema público de salud.
La falta de avances en la mesa de negociación ha intensificado el malestar entre las plantillas de ambulancias, que denuncian una progresiva degradación de sus condiciones de trabajo. Entre las principales reivindicaciones figuran la actualización de los salarios, una mejor organización de las jornadas laborales, la revisión de los tiempos de presencia, el refuerzo de las plantillas y una mayor estabilidad en un sector que, según los representantes de los trabajadores, arrastra desde hace años una pérdida continuada de poder adquisitivo.
Las empresas adjudicatarias sostienen que su capacidad para asumir mejoras económicas depende de la financiación contemplada en los contratos públicos suscritos con la Administración sanitaria. Argumentan que cualquier incremento significativo de los costes laborales requiere una actualización de los recursos destinados al servicio, mientras que el Ejecutivo autonómico defiende que las condiciones salariales deben resolverse en el ámbito de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos.
Ese reparto de responsabilidades ha contribuido a prolongar un conflicto que trasciende el debate retributivo. Los representantes sindicales alertan de problemas estructurales como la escasez de personal, las dificultades para cubrir relevos, el envejecimiento de parte de la flota y la elevada carga asistencial que soportan numerosos equipos, especialmente cuando una ambulancia queda fuera de servicio por avería o mantenimiento.
La controversia también ha reactivado el debate sobre el modelo de gestión del transporte sanitario. En la actualidad, la mayor parte del servicio se presta mediante empresas privadas contratadas por la Administración, un sistema que algunos sindicatos consideran insuficiente para garantizar tanto la calidad asistencial como unas condiciones laborales estables. Entre las propuestas planteadas figura la posibilidad de estudiar una gestión directa del servicio, una opción que continúa siendo objeto de análisis político e institucional.
Mientras tanto, las movilizaciones impulsadas por los trabajadores han servido para visibilizar un conflicto que afecta a un colectivo imprescindible en la atención de las urgencias sanitarias. Los profesionales insisten en que la mejora del convenio no responde únicamente a una reivindicación salarial, sino también a la necesidad de reforzar la capacidad operativa de un servicio que constituye el primer eslabón de la asistencia sanitaria en situaciones de emergencia.
Sin un acuerdo a corto plazo, el conflicto continúa abierto y mantiene la incertidumbre sobre el futuro de un sector cuya estabilidad resulta determinante para garantizar la respuesta del sistema sanitario ante miles de intervenciones que se producen cada año en el archipiélago.
