Organizaciones ambientales cuestionan la legalidad y el impacto ecológico de una iniciativa en la zona protegida de Teno-Rasca, mientras el proyecto avanza en su tramitación administrativa
Soldecanarias.net /Guia de Isora
La propuesta para desarrollar el proyecto Ocean Citizen en aguas de Punta Blanca, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, ha reactivado el debate sobre el uso del litoral dentro de espacios protegidos del archipiélago. Diversas organizaciones ecologistas han presentado alegaciones ante la administración autonómica encargada de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, alertando de posibles impactos sobre un área incluida en la Red Natura 2000.
El foco de la controversia se sitúa en la Zona de Especial Conservación Franja Marina Teno-Rasca, un enclave de alto valor ecológico donde se pretende instalar una serie de estructuras submarinas. Según los críticos del proyecto, la iniciativa se presenta como una actuación de restauración ambiental, pero en realidad estaría estrechamente ligada a un futuro complejo de ocio de carácter turístico.
Las organizaciones opositoras sostienen que la separación administrativa entre la parte marina del proyecto y su desarrollo terrestre podría estar diseñada para evitar una evaluación ambiental conjunta. Este posible fraccionamiento, afirman, dificultaría valorar el impacto global de la intervención sobre el ecosistema marino.
El plan contempla la instalación de decenas de módulos en el fondo marino con el objetivo declarado de favorecer la regeneración de hábitats. Sin embargo, los colectivos ecologistas argumentan que estas estructuras podrían alterar dinámicas naturales ya existentes y generar una transformación artificial del entorno, especialmente en una zona con alta biodiversidad y presencia de especies sensibles.
Otro de los puntos de fricción es el posible aumento de la presión turística en el área. Las organizaciones contrarias al proyecto advierten de que la creación de un espacio de visitas subacuáticas podría incrementar significativamente la afluencia de personas, lo que, a su juicio, supondría un riesgo añadido para la conservación del ecosistema.
Desde el ámbito ecologista también se cuestiona el uso de financiación europea en el desarrollo de la iniciativa, al considerar que podría estar vinculada indirectamente a un modelo de explotación turística del medio marino. En este sentido, reclaman que se evalúe con rigor la compatibilidad del proyecto con los objetivos de protección de la zona.
La propuesta ha generado división social en la isla, donde plataformas ciudadanas, junto a organizaciones ambientales, han mostrado su rechazo, mientras que los promotores defienden el carácter innovador y científico del proyecto. La decisión final sobre la autorización de las actuaciones en el litoral de Punta Blanca sigue ahora en manos de las autoridades competentes.
