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sábado, mayo 25, 2024

‘Caso Jable’: la Audiencia condena a nueve personas por corrupción en Lanzarote

La Sala impone penas que rondan los 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y al ex secretario municipal Felipe Fernández

Según publica el :EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha notificado la sentencia que resuelve en primera instancia la presunta trama de corrupción político empresarial en Lanzarote conocida como caso Jable con nueve condenas a otros tantos acusados como autores de delitos de fraude o cohecho. Los hechos que motivan la sentencia se consumaron en la primera década del presente siglo.

La exalcaldesa de Arrecife de Lanzarote María Isabel Déniz ha sido condena a penas que suman nueve años y 18 meses de cárcel como autora de delitos de fraude a la administración, prevaricación continuada y cohecho (soborno) continuado en distintas modalidades. Además de las condenas penales, se le imponen varias penas de carácter económico y de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

El exsecretario municipal del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero ha sido condenado a penas que suman 8 años y 27 meses por fraude, cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento oficial e infidelidad en la custodia de documentos.

El exlíder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ex presidente del Cabildo de Lanzarote, exdiputado regional y exsenador Dimas Martín Martín ha sido condenado a un total de dos años y seis meses de prisión como autor confeso de un delito de fraude a la administración y otro de cohecho.

El antiguo responsable de la Oficina Técnica municipal de Arrecife Rafael Arrocha Arrocha ha sido condenado a dos años y 19 meses de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho, revelación de secretos, falsedad y fraude.

Las otras cinco personas condenadas son representantes de empresas relacionadas con la construcción.

La resolución de la Sala, que se extiende a lo largo de 150 folios, absuelve de toda responsabilidad a otras siete personas contra las cuales el fiscal había retirado los cargos.

La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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