El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que reforma la ley de extranjería tras un acuerdo con el Gobierno canario y el visto bueno de Junts en el Congreso.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El Gobierno central atendió este martes, por fin y tras muchos avatares políticos durante casi un año, la reclamación de Canarias para establecer un mecanismo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde los territorios frontera hacia el resto de comunidades autónomas.
La luz verde del Consejo de Ministros a este real decreto ley supone una reforma clave de la Ley de Extranjería, pactada con el Gobierno regional y facilitada por el apoyo de Junts en el Congreso. Este paso histórico busca aliviar la creciente presión migratoria en Canarias y distribuir la responsabilidad de la atención a los menores de manera equitativa entre todas las autonomías.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoró la decisión como «un avance imprescindible» para la solidaridad territorial y la protección de los derechos de los menores migrantes. «Ha sido un proceso largo y complicado, pero hoy damos un paso decisivo hacia una solución justa y eficaz», declaró tras la reunión del Consejo de Ministros.
El nuevo decreto establecerá un sistema de acogida obligatoria y solidaria que permita descentralizar la gestión y mejorar la calidad de la atención a los menores. Además, se prevé un refuerzo económico y logístico para las comunidades que acojan a estos menores.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende dar respuesta a una situación que en los últimos meses se ha convertido en insostenible para Canarias, que ha recibido un aumento significativo de llegadas de menores migrantes no acompañados, colapsando sus recursos de acogida.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Mientras que el Gobierno canario celebra la aprobación del decreto, algunas comunidades han expresado su preocupación por la aplicación de la medida. Sin embargo, el Ejecutivo central insiste en que el mecanismo garantiza un reparto equitativo y solidario.
Esta reforma supone un hito en la gestión migratoria del país y marca un nuevo enfoque en la política de acogida de menores migrantes, con el objetivo de asegurar su protección y garantizar que todas las comunidades autónomas compartan la responsabilidad de su atención.
