El colectivo afectado solicita respaldo institucional ante las presuntas irregularidades detectadas en el proceso selectivo de 2023 y reclama explicaciones al Gobierno autonómico.
Soldecanarias.net / Redacción
La controversia que rodea las oposiciones de 2023 para acceder al Cuerpo General de la Policía Canaria ha dado un nuevo paso con la petición formal de amparo presentada por un grupo de aspirantes ante el Parlamento de Canarias. Los afectados buscan que la Cámara autonómica conozca de primera mano las denuncias planteadas sobre el desarrollo del proceso selectivo y las consecuencias que, a su juicio, pueden derivarse para la confianza en las instituciones públicas.
La iniciativa llega después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas apreciara indicios susceptibles de investigación judicial y remitiera las actuaciones al órgano competente. Este movimiento ha reforzado las reclamaciones de los opositores, que sostienen que las dudas sobre la legalidad del procedimiento exigen una respuesta institucional clara y transparente.
En el escrito dirigido al Parlamento, el colectivo defiende que la cuestión trasciende los intereses particulares de los aspirantes afectados y afecta directamente a principios fundamentales que deben regir cualquier proceso de acceso al empleo público, como la igualdad de oportunidades, el mérito, la capacidad y la objetividad administrativa.
Los denunciantes consideran especialmente preocupante que el procedimiento continúe desarrollándose mientras existen investigaciones abiertas sobre posibles irregularidades. Según argumentan, esta situación podría generar incertidumbre jurídica entre los participantes y deteriorar la confianza ciudadana en los mecanismos de selección de personal de la Administración pública.
Además de solicitar el respaldo de la Cámara autonómica, los afectados han reclamado públicamente una comparecencia de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, para que informe sobre las actuaciones previstas tras la decisión adoptada por la Fiscalía.
El colectivo recuerda que desde el Ejecutivo autonómico se había manifestado la intención de actuar dentro de sus competencias en caso de que existieran indicios suficientes para trasladar el asunto a la vía judicial. Por ello, consideran necesario que el Gobierno detalle las medidas que piensa adoptar para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.
Paralelamente a las actuaciones penales, los opositores mantienen abierto un procedimiento contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que han solicitado medidas cautelares. Según explican, el objetivo es evitar que se consoliden decisiones administrativas cuya legalidad se encuentra actualmente bajo discusión.
La batalla judicial también está teniendo un importante impacto económico para los afectados. El colectivo asegura haber destinado ya más de 20.000 euros a gastos legales y ha puesto en marcha una campaña de financiación ciudadana para sufragar los costes derivados de los distintos procedimientos en curso.
Mientras avanzan las investigaciones y los recursos judiciales, el caso continúa generando debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en los procesos de acceso a la función pública, especialmente en cuerpos de seguridad cuya selección debe ajustarse estrictamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
