El descenso se enmarca en una caída general en España del 9,4%, mientras Interior recuerda que la mayoría de casos afectan a viviendas vacías y no a domicilios habituales
Soldecanarias.net / Redacción
Los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda han registrado un descenso del 10,1% en Canarias durante 2025, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En el conjunto de España, la caída ha sido del 9,4%, con un total de 14.875 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, frente a los 16.426 del año anterior.
El informe refleja que Cataluña continúa siendo la comunidad con mayor número de denuncias, con 5.913 casos, aunque también experimenta un descenso del 15,6%. Le siguen Andalucía (1.909 casos), la Comunidad Valenciana (1.805) y la Comunidad de Madrid (1.269), todas ellas con cifras relevantes dentro del conjunto nacional.
En el caso de Canarias, los delitos vinculados a ocupación ilegal de vivienda han pasado de 663 a 596 casos en un año, lo que consolida una tendencia a la baja en el archipiélago, en línea con la evolución general del país.
El Ministerio del Interior ha recordado que los datos engloban tanto los allanamientos de morada —los más graves, al producirse en viviendas habitadas— como las usurpaciones, que afectan principalmente a inmuebles vacíos o propiedad de entidades financieras. Según el propio departamento, la mayoría de los casos registrados en España corresponden a estas últimas situaciones.
El descenso se produce en un contexto en el que varias comunidades han reforzado sus estrategias de prevención y gestión de este tipo de delitos, aunque las cifras muestran comportamientos desiguales entre territorios. Mientras algunas regiones como la Comunidad Valenciana registran ligeros aumentos, otras como Baleares, Murcia o La Rioja presentan descensos significativos.
En paralelo, en Canarias el debate sobre el acceso a la vivienda sigue muy presente. El Gobierno autonómico ha anunciado recientemente un plan dotado con un millón de euros con el que prevé movilizar alrededor de un centenar de viviendas vacías en un plazo de dos años, una cifra que algunos sectores consideran insuficiente ante la presión del mercado inmobiliario en las islas.
Los datos del Ministerio de Interior confirman así una ligera mejora estadística en materia de ocupación ilegal en el archipiélago, aunque el fenómeno sigue siendo objeto de atención política y social en el conjunto del territorio.
