El mando policial participó en una mesa de coordinación sobre violencia de género mientras continúa abierta la causa iniciada tras la denuncia de una agente, cuyo expediente interno fue archivado por el Ayuntamiento en 2025.
Soldecanarias.net / Granadilla de Abona
La participación del jefe de la Policía Local de Granadilla de Abona en una reunión institucional sobre violencia de género ha reavivado la controversia en el municipio, al producirse mientras continúa abierta una investigación judicial por una denuncia de presunto acoso sexual y laboral presentada por una agente del cuerpo.
El encuentro, celebrado en el marco de la Mesa de Coordinación del Protocolo VioGén, reunió a representantes de distintas administraciones y cuerpos de seguridad para evaluar la respuesta institucional frente a la violencia de género. La presencia del mando policial investigado generó críticas, especialmente desde el entorno de la denunciante, que considera la decisión incompatible con la gravedad de los hechos que se investigan.
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por una agente de la Policía Local, quien sostiene haber sufrido durante años un supuesto acoso laboral y sexual por parte de su superior. A raíz de esas acusaciones, el Ayuntamiento activó el protocolo interno correspondiente, aunque la investigación administrativa concluyó en septiembre de 2025 sin apreciar pruebas suficientes para adoptar medidas disciplinarias.
No obstante, la vía judicial siguió un recorrido distinto. Un juzgado del sur de Tenerife abrió diligencias meses después y mantiene la investigación en curso. En ese procedimiento ya han declarado el jefe policial y varios testigos, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva.
La denunciante permanece de baja médica mientras recibe tratamiento psicológico. Según su entorno, ha solicitado reincorporarse a su puesto, pero reclama garantías para no coincidir profesionalmente con el superior al que denunció, una medida que, asegura, no se ha implementado.
La agente sostiene que la situación vivida le ha provocado un deterioro de su salud física y emocional, reflejado en informes médicos que recogen episodios de ansiedad, insomnio, estrés y otros síntomas asociados. La documentación incorporada a la causa también acredita que recibe atención especializada para víctimas de violencia de género desde hace años.
Desde el gobierno municipal, integrado por Coalición Canaria, Vox y un concejal del Partido Popular, se mantiene la misma posición expresada desde el inicio del proceso: esperar al resultado de la investigación judicial antes de adoptar o valorar nuevas decisiones. El consistorio tampoco ha ofrecido explicaciones sobre la presencia del jefe policial en la reunión dedicada a la coordinación contra la violencia de género.
El caso ha reabierto el debate sobre las medidas de protección que deben aplicarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias por presunto acoso contra cargos con responsabilidades de mando, especialmente en cuerpos jerarquizados como las policías locales, donde la continuidad de la relación laboral entre denunciante y denunciado puede generar situaciones de especial vulnerabilidad mientras la justicia resuelve el procedimiento.
