La ley de vivienda limita las subidas al 2,2%, pero los precios de los alquileres han aumentado un 14% en las Islas, lo que desborda las expectativas de control del mercado
Soldecanarias.net / Redacción
La reciente entrada en vigor del nuevo Índice de referencia de arrendamientos de vivienda, establecido por la ley nacional de vivienda desde mayo de 2023, ha marcado un intento del Gobierno central por frenar las desmedidas subidas de alquileres en las islas. Con un límite de aumento del 2,2% en las renovaciones de contratos, esta medida busca ofrecer una protección a los inquilinos, pero lo cierto es que los precios de los arrendamientos siguen disparados, con un incremento del 14% en Canarias en el último año.
Aunque el nuevo índice de referencia busca sustituir al tradicional Índice de Precios de Consumo (IPC) para controlar las revalorizaciones de los contratos, la realidad del mercado canario muestra cifras alarmantes. Si bien es cierto que la ley establece una limitación del 2,2% para la renovación de contratos de alquiler firmados a partir de mayo de 2023, el precio promedio de las viviendas en arrendamiento sigue experimentando una escalada imparable, afectando principalmente a las zonas más demandadas, como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
La preocupación entre los inquilinos es cada vez mayor. En muchas zonas, las viviendas de alquiler continúan subiendo a niveles inalcanzables para los residentes locales. En comparación con el año pasado, las familias y personas que buscan una vivienda en las Islas se enfrentan a un mercado inmobiliario que sigue siendo inaccesible a pesar de las promesas de control de los alquileres. La ley, aunque con la intención de mejorar la situación, parece no haber logrado enfriar los precios que siguen por las nubes.
El nuevo índice, diseñado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha sido promovido como una solución para evitar incrementos excesivos en las renovaciones, pero con la presión de la escasez de vivienda y la alta demanda turística, el impacto de la medida parece haber sido limitado. En Canarias, los alquileres siguen siendo uno de los mayores desafíos económicos para los residentes permanentes, que deben lidiar con precios que, en muchos casos, sobrepasan los niveles de los salarios medios.
A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno, la disonancia entre las intenciones legislativas y la realidad del mercado sigue siendo una cuestión clave para los habitantes de las Islas. Los próximos meses serán cruciales para ver si esta regulación tiene el efecto deseado en un sector que, por ahora, sigue fuera del alcance de muchas personas.
