La sentencia considera probado que ambos utilizaron su posición institucional para favorecer contratos públicos durante la pandemia a cambio de pagos, favores y beneficios personales
Soldecanarias.net / Redacción
La mayor causa de corrupción vinculada a la contratación de material sanitario durante la pandemia ha concluido con una contundente condena judicial. El Tribunal Supremo ha sentenciado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a su antiguo asesor Koldo García a casi 20 años, al considerar acreditada la existencia de una estructura organizada destinada a obtener beneficios económicos mediante el uso de recursos y contactos públicos.
El fallo sostiene que ambos aprovecharon la influencia derivada de sus cargos para facilitar adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, quien actuó como intermediario y principal beneficiario económico de la operación. A cambio, según la resolución, se produjeron pagos periódicos, entrega de ventajas personales y diversas contraprestaciones que los magistrados califican como delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La investigación se centró en varios contratos de suministro de mascarillas adjudicados durante la emergencia sanitaria por organismos dependientes del Ministerio de Transportes. Para los jueces, las pruebas reunidas durante el proceso acreditan que las adjudicaciones no respondieron únicamente a criterios técnicos o de necesidad urgente, sino que estuvieron condicionadas por intereses particulares previamente acordados.
La sentencia también describe una red de favores personales que iba más allá de la contratación pública. Entre los hechos considerados probados figuran pagos mensuales en efectivo, la contratación de personas próximas al exministro en empresas públicas sin actividad laboral efectiva y la cesión de inmuebles y estancias vacacionales vinculadas a gestiones realizadas desde la Administración.
Respecto a Víctor de Aldama, el Supremo reconoce su papel central en la trama, aunque rebaja significativamente la pena inicialmente solicitada debido a su colaboración con la justicia durante la investigación. Esa cooperación ha permitido que la condena quede suspendida bajo determinadas condiciones, evitando su ingreso efectivo en prisión.
El tribunal considera que la actuación de los tres condenados respondió a una estrategia continuada para convertir la posición institucional de Ábalos en una herramienta de obtención de beneficios privados. Según los magistrados, la estructura operó especialmente durante los años más duros de la pandemia, cuando la necesidad urgente de suministros sanitarios facilitó procedimientos de contratación excepcionales.
La resolución supone uno de los fallos más relevantes de los últimos años en materia de corrupción política y administrativa. Además de las penas de prisión, la sentencia dibuja un detallado relato sobre el funcionamiento interno de la trama y sobre cómo las relaciones personales, empresariales y políticas confluyeron para obtener ventajas económicas mediante el acceso privilegiado a la Administración.
Aunque la decisión aún puede tener consecuencias en otras investigaciones relacionadas, el fallo del Supremo cierra la pieza principal del denominado caso mascarillas y establece judicialmente la existencia de una organización que utilizó recursos públicos para fines particulares en uno de los momentos más críticos de la reciente historia sanitaria del país.
