El Ejecutivo autonómico considera prematuro poner fin a la contingencia migratoria y reclama que todas las comunidades asuman su responsabilidad en la acogida
Soldecanarias.net / Redacción
El Gobierno de Canarias ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de poner fin a la situación de contingencia migratoria extraordinaria que ha permitido durante el último año la derivación de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. La postura del Ejecutivo regional llega en un momento en el que el número de menores tutelados ha disminuido significativamente y algunos recursos de acogida han comenzado a cerrar por falta de ocupación.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, defendió este lunes la necesidad de mantener el mecanismo excepcional de distribución impulsado tras la reforma de la Ley de Extranjería. Según argumentó, Canarias continúa soportando una presión asistencial superior a su capacidad ordinaria y considera imprescindible que el sistema garantice una corresponsabilidad efectiva entre todos los territorios del país.
Actualmente, el Archipiélago atiende a unos 2.700 menores migrantes sin referentes familiares, una cifra que sigue situándose por encima de la capacidad estructural prevista para el sistema autonómico de protección. No obstante, los datos reflejan una notable reducción respecto al año anterior, cuando el número de menores acogidos superaba los 5.000.
El debate surge después de que el Ministerio de Juventud e Infancia planteara abrir conversaciones con las comunidades autónomas para evaluar la continuidad de la situación extraordinaria. La propuesta se fundamenta en la disminución de las llegadas irregulares a Canarias, que han descendido de forma considerable durante los últimos meses, así como en la progresiva descongestión de los dispositivos de acogida.
Pese a este escenario, el Ejecutivo canario sostiene que retirar ahora el mecanismo supondría un paso atrás en la construcción de un modelo estable de solidaridad territorial. Desde el Gobierno regional se insiste en que aún existen comunidades que no han alcanzado los niveles de acogida que les corresponderían según los criterios establecidos.
La controversia mantiene también una dimensión política. Mientras Canarias reclama una distribución más equilibrada de los menores migrantes, varias autonomías han expresado reservas sobre el sistema de reparto e incluso han recurrido algunas decisiones ante los tribunales, dificultando su aplicación plena.
Desde el Ejecutivo autonómico se reclama al Gobierno central que preserve el marco de cooperación alcanzado y garantice que la protección de los menores continúe siendo una responsabilidad compartida entre todas las administraciones públicas.
La discusión sobre el futuro de la contingencia migratoria se produce en un contexto de cambio en los flujos migratorios hacia Canarias, pero también de búsqueda de soluciones permanentes para un fenómeno que, según coinciden las instituciones, requiere coordinación estatal y compromiso de todas las comunidades autónomas.
