La Administración central frena las obras previstas para estabilizar el acceso a la playa por motivos ambientales y administrativos, mientras Canarias sostiene que la autorización autonómica mantiene su validez.
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
La proyectada recuperación de la playa de Benijo, en la costa de Anaga, ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario. La actuación, impulsada para mejorar la seguridad del acceso al enclave tras su cierre por desprendimientos, ha quedado paralizada después de que la Administración del Estado emitiera un informe desfavorable sobre el proyecto.
La playa permanece cerrada al público desde julio de 2024 debido al riesgo de caída de rocas desde el talud situado junto al acceso principal. Con el objetivo de reabrir este espacio natural, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife promovió una intervención de emergencia financiada con una inversión de 2,15 millones de euros aportados por el Gobierno de Canarias.
Sin embargo, el Estado considera que el expediente no acredita suficientemente la existencia de una situación de emergencia que justifique el procedimiento utilizado. Además, sostiene que la documentación presentada no reúne todos los requisitos técnicos exigidos y advierte de la posible afección a un espacio de alto valor ambiental sin que consten las correspondientes evaluaciones e informes sectoriales.
Desde la Administración autonómica se mantiene una posición diferente. El Ejecutivo regional defiende que las competencias en materia de gestión del litoral están transferidas a Canarias y entiende que la autorización concedida continúa vigente mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario. Por ese motivo, considera que corresponde ahora al Ayuntamiento decidir si continúa adelante con la ejecución de las obras previstas.
El desacuerdo institucional también ha generado una respuesta política en el ámbito municipal. El Ayuntamiento de Santa Cruz lamenta que el proyecto quede bloqueado después de varios años de tramitación y sostiene que la actuación responde a una necesidad de seguridad para vecinos y visitantes, al tiempo que reclama una solución que permita recuperar el acceso a uno de los espacios naturales más emblemáticos del macizo de Anaga.
Entre los argumentos esgrimidos por el Estado figura la ausencia de determinados informes ambientales, así como la necesidad de valorar el impacto de las obras sobre un entorno integrado en espacios protegidos. También cuestiona que concurran las circunstancias excepcionales necesarias para justificar una actuación de emergencia y recuerda que la playa presenta condiciones naturales que requieren una especial evaluación antes de intervenir.
Mientras ambas administraciones mantienen criterios contrapuestos sobre la legalidad del procedimiento, el futuro de las obras permanece pendiente de una posible resolución judicial o de un acuerdo institucional que permita desbloquear una actuación considerada prioritaria para recuperar las condiciones de seguridad del enclave.
