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martes, agosto 18, 2026

Canarias impulsa un plan regional para reforzar la seguridad en las playas de los municipios con menos recursos

El Gobierno autonómico prepara una nueva normativa que facilitará la implantación de servicios de socorrismo en 45 ayuntamientos y cubrirá el vacío legal existente desde la anulación del anterior decreto.

Soldecanarias.net / Redacción

El Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración del primer Plan de Seguridad de las Playas del Archipiélago, una iniciativa que busca garantizar la presencia de servicios de salvamento y socorrismo en las principales zonas de baño de los municipios con menos de 20.000 habitantes. La medida beneficiará a 45 de los 88 ayuntamientos canarios, que hasta ahora han encontrado dificultades para prestar este servicio por falta de cobertura normativa y financiación.

La propuesta, impulsada por la Consejería de Política Territorial, pretende establecer un marco común que permita a los consistorios organizar la vigilancia de sus playas con respaldo jurídico y apoyo económico. El objetivo es mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias en un territorio que registra una de las cifras más elevadas de fallecimientos por ahogamiento del país.

El futuro plan incluirá financiación específica para los municipios, mecanismos de coordinación entre administraciones y campañas de concienciación dirigidas a residentes y visitantes. Además, contempla la elaboración de un inventario de las zonas de baño de Canarias, en el que se evaluarán aspectos como el nivel de afluencia, las características de cada playa y el riesgo existente para determinar las necesidades de vigilancia.

La iniciativa responde a una reivindicación histórica de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que había solicitado un sistema regional capaz de asumir parte del coste que supone mantener equipos de socorrismo en los municipios de menor tamaño, cuyos presupuestos dificultan la prestación de este servicio.

El nuevo marco regulador llega después de que el Tribunal Supremo anulara en 2023 el Decreto 116/2018, al considerar que imponía obligaciones a los ayuntamientos sin una cobertura legal suficiente ni financiación específica. La sentencia dejó sin efecto la normativa que regulaba la seguridad en las playas del Archipiélago y evidenció la necesidad de elaborar un nuevo instrumento adaptado a la legislación vigente.

El viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, ha confirmado que los trabajos para redactar el plan ya están en marcha y ha señalado que la intención del Ejecutivo es aprobarlo lo antes posible. Según explicó, el nuevo modelo estará basado en la colaboración entre administraciones y permitirá reforzar la seguridad en el litoral canario sin trasladar nuevas cargas a los municipios con menor capacidad económica.

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