Los datos analizados sobre precios y rentas sitúan a buena parte del Archipiélago ante una creciente dificultad para acceder a una vivienda, mientras ninguna localidad ha sido declarada oficialmente zona tensionada
Redacción | soldecanarias.net
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Canarias. El incremento de los precios, los bajos niveles de renta, la presión turística y el crecimiento de los alquileres vacacionales están elevando el esfuerzo que deben realizar muchas familias para poder comprar o alquilar una vivienda.
Pese a esta situación, Canarias continúa sin ninguna zona tensionada reconocida oficialmente al amparo de la Ley estatal de Vivienda. Hasta ahora, Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona y Adeje han planteado formalmente la declaración, pero ninguna de las solicitudes ha culminado en una declaración efectiva por parte del Gobierno autonómico.
El caso de Las Palmas de Gran Canaria es especialmente significativo. El Ayuntamiento inició el procedimiento en 2024 y elaboró la documentación requerida después de que el Ejecutivo autonómico señalara que correspondía al consistorio preparar los informes. Dos años después, el proceso continúa sin una declaración de zona tensionada.
Una presión especialmente intensa en las zonas turísticas
Los datos recogidos en el análisis apuntan a que al menos diez municipios canarios reúnen las condiciones previstas por la normativa estatal para este tipo de declaración. Entre ellos figuran Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, La Oliva, Antigua, Arico y Puerto de la Cruz.
La situación también adquiere especial relevancia con la propuesta europea de futura Ley de Vivienda Asequible. Según los criterios planteados por la Unión Europea, 26 de los 30 municipios canarios más poblados analizados podrían cumplir los parámetros para ser considerados territorios tensionados.
Entre los casos más destacados aparece Adeje, donde en 2023 el esfuerzo teórico para adquirir una vivienda equivalía a 24,57 años de renta media. Guía de Isora alcanzaba 24,32 años y San Miguel de Abona, 18,02.
También las principales ciudades del Archipiélago presentan niveles elevados de esfuerzo residencial: 12,32 años de renta en Santa Cruz de Tenerife, 12,55 en La Laguna, 10,75 en Las Palmas de Gran Canaria y 10,46 en Telde.
La propuesta comunitaria todavía debe completar su tramitación europea. Entre las posibles medidas asociadas a las zonas tensionadas se contempla que las administraciones puedan actuar sobre las viviendas destinadas a usos no residenciales, incluidos determinados usos turísticos, además de establecer medidas fiscales sobre viviendas vacías.
Bruselas ha situado precisamente a las islas y a los destinos turísticos entre los territorios donde existen mayores desequilibrios entre precios de la vivienda y capacidad económica de los residentes. El debate europeo vuelve así a poner el foco sobre una realidad que Canarias lleva años afrontando: el crecimiento del coste de la vivienda avanza con mayor rapidez que la capacidad de muchas familias para acceder a ella.
