Tres años después de la sentencia del Supremo que anuló el marco regulador vigente, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes siguen a la espera de una norma con rango de ley y financiación específica para prestar el servicio con seguridad jurídica
Soldecanarias.net / Arico
Tres años después de que el Tribunal Supremo anulase el Decreto 116/2018 del Gobierno de Canarias por carecer del rango legal y de la previsión financiera necesarios, los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes continúan sin una solución definitiva para garantizar el servicio de socorrismo en sus playas.
El Ayuntamiento de Arico vuelve a reclamar al Ejecutivo autonómico que cumpla con la sentencia y apruebe cuanto antes una regulación con rango de ley que permita a los municipios prestar este servicio esencial con seguridad jurídica y con una financiación adecuada.
La petición llega un año después de que el Pleno del Ayuntamiento de Arico aprobara, en julio de 2025, una moción para reclamar una respuesta institucional al problema. El acuerdo contó con los votos favorables del grupo de gobierno, formado por PSOE y PP, y de Arico Somos Todos (AST), mientras que Coalición Canaria votó en contra.
La moción reclamaba al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un programa regional de socorrismo para los municipios afectados y, como solución definitiva, la aprobación de una ley que estableciera las competencias municipales y garantizara los recursos económicos necesarios. También planteaba la creación de un sistema de coordinación entre las distintas administraciones, campañas de sensibilización y la dotación inmediata de vigilancia en las playas mientras se tramitaba la nueva regulación.
Un año después, el Ayuntamiento considera que el problema permanece prácticamente en el mismo punto. Los municipios pequeños siguen afrontando dificultades para contratar y mantener servicios de socorrismo ante la ausencia de un marco jurídico claro y de una financiación específica.
Los ayuntamientos reclaman seguridad jurídica
El Consistorio de Arico sostiene que corresponde al Gobierno de Canarias dar respuesta al vacío legal generado tras la sentencia del Tribunal Supremo. Los ayuntamientos, señala, no pueden asumir por sí solos una responsabilidad que requiere una regulación autonómica y recursos económicos suficientes.
El alcalde de Arico, Andrés Martínez, insiste en que los municipios continuarán trabajando para proteger a residentes y visitantes, pero reclama al Ejecutivo autonómico que asuma la responsabilidad que le corresponde.
«Han pasado tres años desde la sentencia del Tribunal Supremo y un año desde que este Ayuntamiento reclamó una solución institucional. El problema sigue exactamente donde estaba», señala Martínez. A su juicio, los ayuntamientos necesitan que el Gobierno de Canarias «apruebe la ley y garantice la financiación necesaria para un servicio esencial como es el socorrismo en nuestras playas».
La primera teniente de alcalde de Arico y miembro de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Olivia Delgado, destaca que los municipios han trabajado durante este tiempo para aportar propuestas al Ejecutivo autonómico.
«La sentencia del Tribunal Supremo fue muy clara: esta situación debía resolverse mediante una ley y con financiación suficiente. Tres años después, esa obligación sigue pendiente de cumplimiento», afirma Delgado.
Propuestas a través de la FECAM
El Ayuntamiento de Arico ha canalizado parte de sus reivindicaciones a través de la FECAM. En la Comisión de Administración Pública y Seguridad, los municipios han trasladado al Gobierno de Canarias distintas propuestas para la futura regulación.
Entre ellas figuran la necesidad de garantizar una financiación suficiente, establecer criterios objetivos para el reparto de los recursos y definir con claridad las competencias de los ayuntamientos. El objetivo es que la futura normativa tenga en cuenta las particularidades de los municipios costeros y evite que el coste de un servicio esencial recaiga exclusivamente sobre las administraciones locales.
«Existe una enorme preocupación entre los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes porque hablamos de un servicio directamente relacionado con la protección de la vida de las personas», subraya Delgado.
El Ayuntamiento recuerda que las playas canarias reciben cada año a miles de residentes y visitantes y considera que la seguridad en el litoral debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones.
Prevención mientras llega la solución
Mientras continúa pendiente la regulación, Arico mantiene distintas medidas de prevención y emergencia. El Consistorio desarrolla campañas de concienciación sobre seguridad en las playas en colaboración con Protección Civil y mantiene operativos los tótems de emergencia instalados en el litoral.
El Ayuntamiento considera, sin embargo, que estas actuaciones no pueden sustituir a un servicio profesional de socorrismo. Por ello, reclama que la futura ley permita resolver de manera definitiva la situación y garantice tanto la cobertura jurídica como los recursos económicos necesarios para que los municipios puedan prestar el servicio.
Arico asegura que continuará trabajando junto a la FECAM para defender los intereses de los municipios costeros y reclama al Gobierno de Canarias que convierta en una realidad los compromisos adquiridos y dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo.
