*Por Mohamed Jamil Derbah
La reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras un acuerdo entre el PSOE y el PP, marca un hito en la política judicial española. Este pacto no solo pone fin a un bloqueo de cinco años, sino que también abre la puerta a reformas que pueden mejorar significativamente nuestro sistema judicial. Como presidente del Partido Fuerza Canaria, considero que este es un momento crucial para reflexionar sobre la importancia de estas reformas y su impacto en la independencia judicial.
El acuerdo alcanzado por los dos principales partidos incluye una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque Alberto Núñez Feijóo del PP ha promocionado esta reforma como un paso hacia que «los jueces elijan a los jueces», la realidad es más compleja. La reforma encargará al CGPJ renovado que proponga al Congreso un nuevo sistema de elección con «la participación directa de jueces y magistrados» siguiendo «los mejores estándares europeos». Sin embargo, el procedimiento exacto aún no se ha definido, y la propuesta deberá ser acordada por una mayoría de tres quintos del Consejo antes de su envío a las Cortes.
Actualmente, los 5.400 jueces en España ya tienen un mecanismo indirecto para elegir a sus representantes en el CGPJ. Las asociaciones judiciales pueden proponer candidatos y cualquier juez con al menos 25 apoyos de sus compañeros puede competir por una de las plazas del Consejo. Pero finalmente, es el Congreso y el Senado quienes eligen a 12 de los 20 vocales sobre una lista de aspirantes preseleccionados por sus pares. Este método respeta la Constitución, que establece en su artículo 117 que la justicia emana del pueblo, representado legítimamente en el Parlamento.
Negar a las Cortes la capacidad de intervenir en la elección del CGPJ solo consolidaría núcleos de poder corporativo dentro del sistema judicial. La independencia de los jueces al impartir justicia está garantizada por la Constitución, pero el CGPJ no es un órgano de autogobierno de los jueces, sino un órgano autónomo con funciones específicas. El verdadero problema del CGPJ no radica en su sistema de elección, sino en su funcionamiento.
Un CGPJ eficaz debe ejercer sus funciones con independencia de criterio, tanto político como judicial. La historia reciente muestra que el Consejo, dominado por jueces conservadores, ha mostrado parcialidad en cuestiones como la ley del matrimonio igualitario y ha sido indulgente con las críticas de jueces conservadores hacia el Ejecutivo, mientras ha sido severo con las críticas de políticos hacia decisiones judiciales. Esta asimetría debe corregirse para asegurar una auténtica división de poderes.
Es imprescindible que dejemos trabajar a los jueces sin la constante intervención y control del poder político. Solo así podremos garantizar un sistema judicial verdaderamente independiente y libre de influencias externas. La judicialización de la política y la politización de la justicia son males que debemos evitar a toda costa. Hemos visto en otros países cómo la intervención del poder político en el sistema judicial ha llevado a la erosión de la independencia judicial y al uso del sistema con fines políticos. España no puede permitirse reproducir estos errores.
Los políticos deben recordar que su verdadera misión no es controlar el poder judicial para campar a sus anchas y proteger sus posibles y supuestas corruptelas bajo el amparo divino. Su labor principal es trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, donde sus decisiones y políticas deben centrarse en el bienestar y progreso de la sociedad. La independencia judicial es fundamental para asegurar que todos, incluyendo a los políticos, estén sujetos a la ley y puedan ser juzgados imparcialmente.
La futura reforma del CGPJ debe abordar problemas estructurales evidentes. Es crucial asegurar la transparencia en la elección de sus vocales y establecer normas estrictas basadas en el mérito y la capacidad para evitar conflictos de interés. Además, el proceso de selección debe ser riguroso y no un mero trámite. También es esencial garantizar que la renovación del CGPJ no pueda ser bloqueada indefinidamente, evitando la utilización política de la interinidad de los vocales.
A pesar de las críticas que pueda recibir este acuerdo bipartidista, es un paso esperanzador hacia la despolitización y mejora del sistema judicial español. El nuevo CGPJ tiene la ardua tarea de nombrar a casi 100 jueces para altas responsabilidades en la Administración de Justicia, una labor que requiere consenso, agilidad y eficacia. Desde Fuerza Canaria, seguiremos vigilantes y activos en la defensa de una justicia independiente y transparente que sirva a todos los ciudadanos por igual.
Este es el momento de acabar con la parálisis y avanzar hacia un sistema judicial verdaderamente justo y eficiente. Las reformas propuestas no solo deben ser implementadas con rigor, sino también con una visión clara de fortalecer la democracia y la justicia en España. Dejemos que los jueces trabajen con independencia y sin interferencias políticas, para así construir un futuro más justo y equitativo para todos. Los políticos deben centrarse en su verdadera misión: mejorar la vida de los ciudadanos.
*Mohamed Jamil Derbah
Consejero especial del primer ministro de Guinea Bissau. Presidente del Partido Fuerza Canaria. Presidente del grupo de comunicación Sol de Canarias. Asesor Internacional de Países Africanos
