El Tribunal de Apelaciones suspende la decisión de un juez federal que frenaba la militarización de las calles angelinas, en un nuevo capítulo del conflicto entre el presidente y el gobernador de California, Gavin Newsom.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El pulso judicial entre Donald Trump y el estado de California da un nuevo giro tras el fallo de emergencia emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que suspende temporalmente la decisión de un juez federal que había ordenado el regreso de la Guardia Nacional de California a su control habitual. Este enfrentamiento tiene lugar en el marco de la militarización de las calles de Los Ángeles por parte del gobierno federal, que envió a 4,000 guardias nacionales y 700 marines para apoyar las redadas migratorias y vigilancia de protestas.
La batalla legal se intensificó cuando el juez Charles Breyer, magistrado del Tribunal de Distrito de California, dictó un fallo que daba la razón al gobernador Gavin Newsom, argumentando que la militarización de las calles angelinas violaba la Constitución de EE.UU., ya que no hubo una solicitud formal del gobierno estatal para la movilización de las tropas. Sin embargo, la administración de Trump apeló inmediatamente la decisión ante el Noveno Circuito, un tribunal que históricamente ha sido más favorable al presidente, especialmente por las nominaciones de Trump a dos de los tres jueces que componen el panel actual.
Trump y Newsom: un conflicto creciente
El enfrentamiento entre Trump y Newsom se intensifica. El presidente ha mantenido durante su mandato una postura firme en cuanto a la militarización de las ciudades para combatir lo que considera problemas de orden público, mientras que el gobernador de California ha criticado vehementemente esta intervención, destacando que la Constitución de EE.UU. no permite al gobierno federal actuar sin la solicitud explícita de un gobernador.
El fiscal general de California, Rob Bonta, acusó a la administración de Trump de violar la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de fuerzas militares en funciones policiales dentro del territorio estadounidense. Bonta argumentó que, si bien la Constitución otorga ciertos poderes al presidente en casos de emergencia nacional, no hay justificación para la movilización de tropas sin la autorización de los estados afectados. En su demanda, California pidió la revocación inmediata de la orden que movilizó a los militares y la restauración del control estatal sobre la Guardia Nacional.
Protestas y tensiones en las calles de Los Ángeles
La militarización de Los Ángeles ha estado acompañada de protestas en la ciudad, particularmente contra las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, decretó un toque de queda en algunas áreas del centro de la ciudad debido a los disturbios y saqueos derivados de las protestas.
El uso de tropas federales en funciones de vigilancia y control de protestas ha generado un creciente malestar social. Muchos californianos ven este despliegue militar como una invasión de la soberanía estatal y una forma de represión de las movilizaciones sociales. Los militares se encuentran principalmente en zonas clave de la ciudad, como el aeropuerto internacional de Los Ángeles y edificios federales estratégicos, pero la situación sigue siendo tensa mientras se espera la resolución final del tribunal.
Un largo camino judicial por recorrer
El futuro de esta disputa legal sigue siendo incierto. A pesar de que el juez Breyer había fallado a favor de Newsom el jueves, el caso se encuentra ahora en manos del Noveno Circuito de Apelaciones, que deberá decidir si mantiene o revoca la suspensión de la decisión judicial. La audiencia de apelación se llevará a cabo el próximo martes, 17 de junio de 2025.
Si bien las autoridades de California celebraron la decisión de la corte inferior, la Administración Trump sigue defendiendo su accionar, alegando que su uso de tropas está respaldado por poderes discrecionales que el presidente posee en situaciones de emergencia. Los abogados de la Casa Blanca argumentan que no hay precedentes legales que impidan al presidente movilizar tropas bajo estas circunstancias.
Impacto político y social
Este conflicto no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y sociales. La disputa entre Trump y Newsom refleja las crecientes divisiones dentro de EE.UU. sobre el papel del gobierno federal en la gestión de las cuestiones de seguridad pública, especialmente en un clima de protestas sociales y tensiones raciales. La militarización de las calles también ha puesto en evidencia las diferencias en cuanto a la interpretación de la Constitución y el alcance de los poderes presidenciales.
Mientras tanto, la Administración Trump continúa enfrentándose a la oposición política en California, que ve en este despliegue una violación de los derechos civiles y una excesiva concentración de poder en el ejecutivo federal. El gobernador Newsom sigue firme en su posición de que California tiene el derecho constitucional de decidir cómo manejar sus fuerzas de seguridad, y ha advertido que continuará luchando judicialmente hasta que se respete la soberanía del estado.
En los próximos días, se espera que la decisión del Noveno Circuito sea un hito crucial en esta disputa legal y política, que podría tener repercusiones no solo para California, sino para el futuro de las políticas federales en todo el país.
