El Cabildo, presidido por Rosa Dávila, anuncia una nueva declaración ambiental para impulsar el proyecto en Granadilla, después de que el TSJC haya anulado una actuación vinculada a las obras por la caducidad de la evaluación anterior.
Soldecanarias.net / Redacción
El Cabildo de Tenerife mantiene su apuesta por construir el Circuito del Motor en Granadilla de Abona y prepara una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para tratar de dar continuidad al proyecto, cuestionado por varias resoluciones judiciales.
La presidenta insular, Rosa Dávila, ha anunciado que solicitará a los servicios jurídicos de la corporación que analicen las consecuencias de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que han considerado caducada la declaración ambiental aprobada en 2011.
El anuncio llega después de que el TSJC estimara un recurso de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y anulara el proyecto modificado número 2 de la fase 2 del acceso norte al circuito. La resolución señala que la evaluación ambiental establecía un plazo máximo de cinco años para iniciar las obras y cuestiona que los trabajos ejecutados sean suficientes para acreditar la vigencia de aquella declaración.
Según la sentencia, apenas se habría ejecutado un 1,5% del proyecto global. El tribunal también advierte de que la normativa medioambiental y las condiciones del territorio pueden haber cambiado sustancialmente desde la aprobación de la DIA.
Pese a estos obstáculos, el Gobierno insular sostiene que el circuito responde a una demanda histórica de los aficionados al motor y que permitiría disponer de instalaciones permanentes para entrenamientos y preparación de vehículos, además de favorecer una práctica más segura.
El Cabildo ha señalado que no prevé presentar nuevos recursos de casación y que desistirá de los ya interpuestos en este procedimiento, mientras estudia el alcance de la resolución sobre el contrato y las actuaciones pendientes.
La iniciativa vuelve así a quedar condicionada por los requisitos ambientales y jurídicos que deberá superar para avanzar en su ejecución.
