La querella acusa a los ediles de haber demorado deliberadamente la tramitación de un proyecto en Montaña Chayofita, mientras Ruth Martín defiende que únicamente reclamaron nuevas comprobaciones antes de autorizar la actuación
Soldecanarias.net / Arona
La tramitación de una licencia urbanística vinculada a un proyecto de restauración y ocio en Montaña Chayofita, en Los Cristianos, ha desembocado en una querella criminal contra cuatro concejales de Coalición Canaria que forman parte de la Junta de Gobierno Local de Arona.
La acción judicial, presentada por el promotor del proyecto, atribuye a los ediles un posible delito de prevaricación administrativa y sostiene que la licencia habría quedado paralizada de forma deliberada pese a contar con informes técnicos y jurídicos favorables. La querella todavía está pendiente de que el órgano judicial decida si procede admitirla a trámite.
Los concejales señalados son Clara María Pérez, Ruth Guacimara Martín López, Guacimara Tavío Fumero y Héctor Timoteo Reyes González. El también edil de CC Alexis David Gómez no figura en la querella al no formar parte de la Junta de Gobierno Local por no ostentar la condición de teniente de alcalde.
Un expediente que acumula seis años
El origen del caso se sitúa en septiembre de 2020, cuando la sociedad promotora solicitó al Ayuntamiento de Arona una licencia de obra mayor para demoler una construcción inacabada situada en el Camino Montaña Chayofita y levantar en su lugar un edificio destinado a usos socioculturales y recreativos.
La parcela, situada en un enclave elevado sobre Los Cristianos, contempla un proyecto que incluye un establecimiento de restauración y un mirador con vistas hacia la costa, la playa de Las Vistas y La Gomera.
Según la documentación aportada por la parte querellante, durante 2026 el expediente había avanzado hasta contar con distintos pronunciamientos favorables. Entre ellos figura un informe urbanístico fechado el 18 de junio, otro informe resumen y posteriormente un documento aclaratorio sobre la suficiencia de los informes existentes.
El 6 de julio se incorporó además una propuesta de resolución favorable a conceder la licencia, aunque condicionada al cumplimiento de determinados requisitos.
La parte promotora considera que, llegado ese punto, el expediente disponía ya de los informes técnicos y jurídicos necesarios para adoptar una decisión.
La Junta pide más comprobaciones
La situación cambió el 7 de julio. La Junta de Gobierno Local decidió retirar el asunto del orden del día para realizar un estudio adicional y resolver determinadas dudas relacionadas con el proyecto de urbanización.
Dos semanas después, el 21 de julio, los cuatro concejales que ahora aparecen como querellados solicitaron conjuntamente un nuevo informe jurídico al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.
La petición se centraba en comprobar la vigencia, eficacia y suficiencia jurídica de un proyecto de urbanización aprobado en 1999. El expediente volvió a quedar sobre la mesa.
La acusación sostiene que esta nueva solicitud no estaba justificada porque esas cuestiones ya habían sido examinadas anteriormente por los servicios municipales y habían recibido una respuesta favorable. Desde esta perspectiva, la demora habría supuesto una paralización injustificada de un procedimiento que llevaba años pendiente de resolución.
La defensa de Ruth Martín
La concejala Ruth Martín rechaza que la actuación de los miembros de la Junta de Gobierno pueda considerarse irregular.
Martín sostiene que su intención fue solicitar garantías adicionales antes de adoptar una decisión sobre un expediente que considera especialmente controvertido y que llevaba años sin resolverse.
Según su versión, la decisión de dejar el asunto sobre la mesa correspondió a la Junta de Gobierno en su conjunto, mientras que la petición de un nuevo informe respondió a la voluntad de contar con mayores elementos jurídicos antes de conceder la licencia.
La edil también cuestiona el tiempo empleado por los servicios municipales para elaborar la documentación solicitada. A su juicio, el informe adicional debía haberse realizado en un periodo muy breve y lamenta que, transcurridas varias semanas, no se hubiera completado.
Martín niega que existiera intención de bloquear el proyecto y asegura que los concejales actuaron dentro del procedimiento administrativo.
La querella habla de una demora deliberada
La acusación centra buena parte de sus argumentos en el tiempo transcurrido desde que el expediente recibió los informes favorables.
Cuando se presentó la querella habían pasado más de dos meses desde la propuesta favorable de resolución sin que, según la documentación judicial, constara que se hubiera emitido el nuevo informe solicitado ni que el expediente hubiera regresado al orden del día de la Junta de Gobierno.
Además, el pasado 22 de septiembre se cumplieron seis años desde la presentación inicial de la solicitud de licencia.
Los abogados del promotor consideran que estos hechos podrían encajar en un supuesto de prevaricación administrativa por omisión. Su tesis es que los responsables municipales tenían la obligación de resolver el expediente y que la ausencia de una decisión, pese a la existencia de informes favorables, podría haber sido intencionada.
La querella sostiene asimismo que los cuatro concejales conocían la situación administrativa del expediente y el contenido de los informes que respaldaban la concesión de la licencia.
Qué pide la parte querellante al juzgado
La acción judicial solicita que los cuatro concejales comparezcan en calidad de investigados y que varios técnicos y responsables municipales que participaron en la tramitación sean llamados como testigos.
También reclama que el Ayuntamiento remita al juzgado el expediente urbanístico completo y certificado, además de informar sobre si finalmente se ha adoptado una resolución.
En particular, se pide que se aporte el informe jurídico solicitado en julio. Si dicho documento no hubiera sido elaborado, la acusación reclama que el Ayuntamiento certifique expresamente su inexistencia.
Otra de las diligencias solicitadas consiste en incorporar las actas y videoactas de las reuniones de la Junta de Gobierno Local celebradas el 7 y el 21 de julio, así como las sesiones posteriores. El objetivo es determinar qué decisiones se adoptaron sobre el expediente y si el proyecto volvió a ser incluido en el orden del día.
Por el momento, la querella se encuentra pendiente de admisión a trámite por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona. Será el órgano judicial el que determine si existen elementos suficientes para abrir diligencias y esclarecer si la actuación de los responsables municipales pudo tener relevancia penal.
