Los vínculos políticos y judiciales construidos durante décadas entre varios gobiernos europeos y Kigali ayudan a explicar por qué este país africano se ha convertido ahora en destino de los acuerdos para expulsar migrantes.
SOLDECANARIAS.NET / Redacción
La elección de Ruanda por parte de varios países europeos para establecer centros de deportación no responde únicamente a una decisión migratoria. Detrás de este acercamiento existe una relación política y judicial que se ha ido consolidando durante décadas.
Uno de los antecedentes más importantes se encuentra en el genocidio de 1994, cuando cientos de miles de personas, principalmente de la población tutsi, fueron asesinadas. La posterior colaboración entre Ruanda y distintos Estados europeos para investigar y perseguir a los responsables de aquella matanza contribuyó a estrechar las relaciones institucionales.
Ese recorrido explica parte de la confianza política que hoy existe entre Kigali y algunas capitales europeas. Sin embargo, el nuevo acuerdo migratorio abre un debate diferente: las garantías jurídicas, la protección de los derechos fundamentales y las condiciones en las que serán trasladadas las personas expulsadas.
Europa encuentra así en Ruanda un socio para desarrollar su nueva estrategia migratoria, aunque la fórmula plantea importantes interrogantes sobre sus consecuencias humanitarias y legales.


