El dirigente de Nueva Canarias defiende que el Archipiélago dispone de herramientas legales suficientes para contener la presión urbanística y proteger el territorio sin depender de decisiones externas
Soldecanarias.net / Redacción
El debate sobre los límites del crecimiento en Canarias vuelve al centro de la agenda política. Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista, sostuvo este fin de semana que la comunidad autónoma cuenta con competencias y mecanismos normativos suficientes para frenar el desarrollismo turístico y modular el aumento poblacional en las islas más tensionadas.
Rodríguez defendió que muchas de las decisiones necesarias para afrontar problemas como la presión sobre la vivienda, la saturación de infraestructuras, el deterioro medioambiental o el colapso de servicios públicos pueden adoptarse desde las propias instituciones canarias. A su juicio, trasladar el debate exclusivamente al ámbito estatal o europeo supone, en muchos casos, “eludir responsabilidades políticas” dentro del Archipiélago.
El dirigente nacionalista planteó recuperar una política territorial basada en la contención urbanística y en la planificación a largo plazo. Entre las medidas que considera prioritarias figura la desclasificación de suelo turístico aún no desarrollado, así como la limitación del crecimiento de plazas alojativas en las islas con mayor presión demográfica y turística.
Frente a ello, defendió un tratamiento diferenciado para las denominadas “islas verdes”, donde apuesta por un crecimiento más moderado vinculado a criterios de sostenibilidad ambiental y calidad turística. También reclamó una regulación más estricta de las viviendas vacacionales para evitar que determinadas zonas residenciales terminen transformándose en espacios exclusivamente orientados al turismo.
Rodríguez propuso igualmente la implantación de una ecotasa dirigida a los visitantes no residentes, cuyos ingresos se destinarían a la conservación de recursos naturales y a la mejora de infraestructuras públicas. La medida, recurrente en el debate político canario durante los últimos años, vuelve a emerger en un contexto marcado por las movilizaciones ciudadanas contra la masificación turística y el encarecimiento del acceso a la vivienda.
En su reflexión, el exvicepresidente del Gobierno canario reivindicó además etapas legislativas anteriores como ejemplo de una política territorial “más equilibrada”. Citó expresamente normas impulsadas durante las décadas de 1980 y 1990 para la protección de espacios naturales y la ordenación del territorio, así como la denominada moratoria turística aprobada a comienzos de los años 2000.
Según recordó, aquella legislación permitió limitar la expansión hotelera, paralizar cientos de miles de plazas turísticas proyectadas y preservar enclaves naturales especialmente sensibles, entre ellos Veneguera, en el suroeste de Gran Canaria.
El dirigente de Nueva Canarias contrapuso ese modelo a la actual Ley del Suelo aprobada en 2017 durante el mandato de Fernando Clavijo, una norma que considera orientada hacia un modelo más liberalizador y favorable a la expansión urbanística. A su juicio, la legislación vigente ha debilitado los instrumentos tradicionales de planificación y ha incrementado la presión especulativa sobre el suelo rústico y agrícola.
Las declaraciones de Rodríguez se producen en un momento de creciente discusión pública sobre los límites del modelo económico canario y sobre la capacidad del Archipiélago para compatibilizar el peso del turismo con la sostenibilidad territorial y la calidad de vida de la población residente.
