La formación sostiene que el fallo del TSJC respalda las objeciones jurídicas planteadas durante la tramitación de la ordenanza y reabre el debate sobre la financiación de los municipios turísticos.
Soldecanarias.net / Las Palmas de Gran Canaria
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nula la ordenanza reguladora de la tasa turística de Mogán, asegurando que la resolución confirma las advertencias que la formación realizó desde el inicio del procedimiento administrativo.
El portavoz de NC-BC en el municipio, Juan Manuel Gabella, considera que el fallo judicial supone un importante revés para el grupo de gobierno encabezado por la alcaldesa Onalia Bueno, al entender que la iniciativa fue impulsada pese a las dudas legales planteadas por la oposición y otros colectivos durante su tramitación.
La resolución del TSJC concluye que la ordenanza no se ajusta al marco legal al configurar como una tasa lo que, según el tribunal, reúne las características propias de un impuesto, motivo por el que acuerda su nulidad.
Desde Nueva Canarias recuerdan que presentaron alegaciones antes de la aprobación definitiva de la norma al considerar que vulneraba la legislación tributaria vigente. Esos argumentos, señalan, fueron rechazados por el Ayuntamiento, que mantuvo su intención de implantar el gravamen.
La formación también sostiene que la ordenanza afectaba no solo a los visitantes, sino también a los residentes del municipio que se alojaran en establecimientos turísticos de Mogán, una circunstancia que, a su juicio, suponía una doble carga para quienes ya contribuyen mediante los tributos municipales a la financiación de los servicios públicos.
Pese a celebrar el contenido de la sentencia, NC-BC defiende que continúa siendo necesario abrir un debate sobre la financiación de los municipios con alta presión turística. En este sentido, apuesta por estudiar la implantación de un instrumento de carácter autonómico que cuente con respaldo legal y un marco normativo sólido.
El fallo judicial supone un nuevo capítulo en el debate sobre la aplicación de tasas al turismo en Canarias, una cuestión que sigue generando posiciones enfrentadas entre administraciones, partidos políticos y agentes económicos respecto a la fórmula más adecuada para financiar los servicios públicos en los principales destinos turísticos del archipiélago.
