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jueves, noviembre 13, 2025

Marruecos endurece su veto a observadores en el Sáhara: nueva expulsión de juristas canarios

Una delegación de abogados es impedida de desembarcar en El Aaiún en medio de denuncias de represión y violaciones de derechos humanos

Soldecanarias.net / Redacciòn

El gobierno marroquí ha vuelto a cerrar las puertas del Sáhara Occidental a observadores internacionales. El pasado sábado, las autoridades impidieron que una delegación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) desembarcara en el aeropuerto de El Aaiún, sumándose a una larga lista de expulsiones de activistas, políticos y periodistas en los últimos meses.

La presidenta de la organización, Inés Miranda, ha calificado lo sucedido como una muestra de la «impunidad con la que actúa Marruecos en un territorio ocupado» y ha denunciado la «complicidad» del Gobierno español en esta situación. «Si no nos dejan entrar, es porque tienen algo grave que ocultar», afirmó con rotundidad.

Misión frustrada y denuncias de violaciones de derechos humanos

La delegación estaba compuesta por las juristas canarias Dolores Travieso Darias y Flora Marrero Ramos, así como el técnico Silvestre Suárez Fernández. Su objetivo era evaluar la situación de los derechos humanos en la región y verificar las condiciones en las que se encuentran 32 presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos, de los cuales nueve cumplen cadena perpetua.

Sin embargo, antes de poder pisar suelo saharaui, dos personas vestidas de civil impidieron su desembarco sin identificarse oficialmente. Según Miranda, el comandante del vuelo de Binter permitió esta actuación, a diferencia de un caso similar ocurrido en 2023, cuando otro piloto de la misma aerolínea se negó a aceptar una orden sin respaldo legal.

Acusaciones de connivencia del Gobierno español

Miranda ha arremetido contra el presidente Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, por su «pasividad» ante la represión en el Sáhara Occidental. «España se contradice: apoya a Ucrania contra la invasión rusa, pero guarda silencio ante la ocupación marroquí del Sáhara», denunció.

La organización de juristas también ha anunciado que presentará un informe detallado a Naciones Unidas, el Gobierno español y el Parlamento Europeo. Además, estudiarán acciones legales por posibles irregularidades administrativas o penales en la actuación de las autoridades marroquíes y la aerolínea Binter.

Un Sáhara convertido en «una gran cárcel»

Según la asociación, los 32 presos políticos saharauis se encuentran en condiciones de absoluto abandono, en celdas de apenas 4×3 metros y en aislamiento total. La política de dispersión que aplica Marruecos obliga a sus familias a recorrer largas distancias para intentar visitarlos, en la mayoría de los casos sin éxito.

La represión también afecta a las delegaciones internacionales que intentan ingresar en el territorio. Solo en 2025, Marruecos ha expulsado o impedido la entrada a 15 ciudadanos españoles, incluidos parlamentarios, activistas y periodistas. Entre los casos más recientes, destaca la expulsión de tres eurodiputados en febrero y la detención seguida de deportación del periodista José Carmona y dos activistas de la Coordinadora de Asociaciones de Amistad con el Sáhara.

La versión de Binter

La aerolínea Binter, por su parte, ha explicado que la tripulación actuó conforme a las indicaciones de las «autoridades en destino», que informaron a los tres pasajeros de que no tenían autorización para entrar y que sus billetes de vuelta ya estaban emitidos. Ante la negativa inicial de los juristas a abandonar la aeronave, se les advirtió de que su actitud podía afectar la operativa del vuelo, tras lo cual el avión despegó con normalidad rumbo a Gran Canaria.

Un conflicto que no cesa

El Sáhara Occidental sigue siendo considerado por la ONU como el último territorio pendiente de descolonización en África. Sin embargo, Marruecos lo ocupa desde 1976 y bloquea sistemáticamente cualquier intento de supervisión internacional.

Mientras la comunidad internacional mantiene una posición ambigua, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos se multiplican, y las expulsiones de observadores se han convertido en la norma en lugar de la excepción.

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