Las modificaciones en las zonas comunes del complejo obligan a revisar las condiciones de evacuación y el Plan de Autoprotección, mientras el Ayuntamiento de Arona analiza el expediente
Soldecanarias.net / Arona
Las obras ejecutadas en el Centro Comercial Safari, uno de los principales espacios comerciales de la denominada Milla de Oro de Playa de las Américas, han situado al complejo en el centro de un debate que combina cuestiones urbanísticas, de seguridad y de impacto económico sobre los negocios instalados en sus instalaciones.
Las actuaciones realizadas en distintas zonas comunes han modificado algunos de los recorridos peatonales originales del centro mediante el cierre de determinados pasillos y la reorganización de espacios destinados al tránsito de visitantes. Estos cambios, según diversas fuentes consultadas, podrían afectar a las condiciones de evacuación contempladas en el diseño inicial del edificio.

La cuestión adquiere especial relevancia por tratarse de un recinto que recibe diariamente a miles de personas y cuyo aforo supera ampliamente las mil plazas. En estas circunstancias, la normativa autonómica exige la existencia de un Plan de Autoprotección actualizado, un documento técnico que define los protocolos de actuación ante emergencias, las rutas de evacuación y las medidas de seguridad aplicables al inmueble.
La principal incógnita es determinar si las reformas ejecutadas constituyen una modificación sustancial de las condiciones recogidas en dicho plan. De ser así, la propiedad estaría obligada a tramitar una actualización del documento y a obtener las validaciones administrativas correspondientes antes de su plena aplicación.
Desde el Ayuntamiento de Arona se ha confirmado que el expediente se encuentra en estudio. El concejal de Urbanismo, Javier Baute, ha señalado públicamente que el consistorio trabaja en la revisión de la situación administrativa derivada de las actuaciones realizadas en el complejo.
Más allá de la existencia de licencias o autorizaciones urbanísticas, el análisis técnico deberá determinar si las nuevas configuraciones mantienen los estándares exigidos por la normativa vigente en materia de protección contra incendios y evacuación de personas. Aspectos como la anchura de los recorridos, las salidas disponibles, las distancias de evacuación o la compartimentación de espacios son elementos esenciales en este tipo de evaluaciones.
En caso de detectarse deficiencias, la legislación prevé distintas medidas correctoras que pueden ir desde la adaptación de las instalaciones hasta la limitación temporal de determinadas actividades mientras se regulariza la situación.

El conflicto, sin embargo, trasciende el ámbito estrictamente técnico. Diversos comerciantes instalados en el centro comercial han expresado su preocupación por el impacto que las modificaciones pueden tener sobre la actividad económica de sus negocios. Algunos empresarios sostienen que la alteración de los flujos de circulación de clientes afecta a las condiciones que valoraron cuando formalizaron sus contratos de arrendamiento y realizaron inversiones para abrir sus establecimientos.
La visibilidad de los locales, los accesos y la distribución del tránsito peatonal son factores que influyen directamente en la rentabilidad comercial de este tipo de espacios. Por ello, varios operadores reclaman mayor información sobre las decisiones adoptadas y sus posibles consecuencias futuras.
Especialistas consultados recuerdan que cualquier reclamación por eventuales perjuicios económicos deberá analizarse de forma individual, atendiendo a las condiciones contractuales existentes y a la relación entre las modificaciones realizadas y los daños que eventualmente puedan acreditarse.
Mientras continúa la tramitación administrativa, la atención se centra en las conclusiones que emitan los servicios técnicos competentes. Su evaluación será determinante para establecer si las obras ejecutadas cumplen los requisitos urbanísticos y de seguridad exigidos por la normativa, así como para definir las medidas que, en su caso, deban adoptarse.
El resultado de ese proceso no solo afectará al futuro inmediato del Centro Comercial Safari, sino también a la confianza de comerciantes y visitantes en uno de los enclaves comerciales más relevantes del sur de Tenerife.


