Los datos del Ministerio de Vivienda reflejan que el Archipiélago solo terminó 268 viviendas protegidas entre 2019 y 2022 y no registra nuevas finalizaciones desde 2023, en plena crisis de acceso a la vivienda.
Redacción | soldecanarias.net
Canarias continúa arrastrando un importante déficit de vivienda protegida. Los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2026, sitúan al Archipiélago entre las comunidades con menor actividad en la finalización de viviendas públicas.
Durante la legislatura autonómica de 2019 a 2023, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, se terminaron 268 viviendas protegidas: 60 en 2019 y 208 en 2022. Desde 2023, coincidiendo con el actual Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, las estadísticas no recogen ninguna nueva vivienda protegida finalizada hasta junio de 2026.
La situación contrasta con las dificultades que afrontan miles de familias para acceder a un hogar, en un mercado marcado por el encarecimiento de los alquileres, la presión turística y una oferta residencial insuficiente. Canarias cuenta con alrededor de 2,2 millones de habitantes y recibió 18,4 millones de turistas durante 2025.
La escasa construcción pública se suma a las limitaciones de la promoción privada. En el primer semestre de 2026 se terminaron 1.574 viviendas de mercado libre, frente a las 3.152 registradas durante todo 2025, según los datos recogidos en la información publicada.
El debate político también se centra en la responsabilidad de los distintos ejecutivos. Mientras el Gobierno de Fernando Clavijo ha defendido sus actuaciones para impulsar nuevas promociones públicas, el PSOE recuerda que algunas de las viviendas anunciadas comenzaron a tramitarse o construirse durante la anterior legislatura.
El déficit de vivienda protegida continúa así como uno de los principales desafíos sociales del Archipiélago, con la necesidad de acelerar la construcción, ampliar la oferta asequible y facilitar el acceso a una vivienda digna para la población residente.
