Mohamed Jamil Derbah, presidente y gerente del Grupo de Comunicación Sol de Canarias, reclama responsabilidad a todas las formaciones políticas ante una crisis que se ha convertido en una auténtica losa para miles de familias, jóvenes y trabajadores del Archipiélago.
Soldecanarias.net / Redacción
Canarias se enfrenta a uno de los problemas sociales más graves de los últimos años y, sin embargo, la vivienda corre el riesgo de convertirse nuevamente en un instrumento de enfrentamiento político en plena campaña electoral. Mientras los partidos intercambian acusaciones, miles de ciudadanos continúan buscando desesperadamente un hogar que puedan pagar sin tener que renunciar a buena parte de sus ingresos.
La realidad es especialmente preocupante para los jóvenes que no pueden emanciparse, las familias que viven con la incertidumbre de una posible subida del alquiler y los trabajadores que, aun teniendo empleo, encuentran enormes dificultades para establecerse cerca de sus puestos de trabajo. La vivienda ha dejado de ser una aspiración para convertirse, para muchos, en una preocupación diaria que condiciona sus vidas y su futuro.
Ante esta situación, resulta difícil entender que una cuestión de semejante dimensión social siga utilizándose como arma electoral. Unos responsabilizan a los anteriores gobiernos, otros señalan a las administraciones actuales y, mientras tanto, las soluciones no llegan con la urgencia que exige la ciudadanía.
Canarias necesita un gran pacto por la vivienda. Un acuerdo que reúna al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, a los cabildos, a los ayuntamientos y a todas las formaciones políticas, independientemente de sus siglas. No estamos ante un problema que pueda resolverse con declaraciones, promesas de campaña o medidas improvisadas. Hace falta planificación, financiación, suelo disponible y compromisos que se mantengan más allá de una legislatura.
Durante demasiado tiempo no se ha construido suficiente vivienda pública y asequible. Ahora toca recuperar el tiempo perdido, acelerar los proyectos pendientes, movilizar viviendas vacías con garantías para propietarios e inquilinos y aprovechar los recursos públicos para ampliar la oferta residencial.
También es necesario estudiar las particularidades de cada isla y municipio. Canarias no puede aplicar soluciones idénticas a territorios con realidades diferentes, pero sí debe mantener un objetivo común: garantizar que las personas que viven y trabajan aquí puedan acceder a una vivienda digna.
En plena campaña electoral, los ciudadanos tienen derecho a exigir algo más que discursos. Tienen derecho a conocer qué propone cada partido, qué recursos piensa destinar, qué plazos establece y cómo va a cumplir sus compromisos. La vivienda no puede aparecer únicamente en los programas electorales para desaparecer después de las urnas.
No se trata de buscar vencedores ni derrotados políticos. Se trata de encontrar soluciones a una realidad cruel que está dejando a demasiadas personas sin posibilidades de desarrollar un proyecto de vida en su propia tierra.
La vivienda no tiene ideología ni pertenece a ningún partido. Es un derecho y una necesidad básica. Por eso, quienes tienen responsabilidades públicas deben estar a la altura de las circunstancias y dejar a un lado los intereses partidistas.
Canarias necesita una gran solución y esa solución debe comenzar con un compromiso colectivo. Porque detrás de cada vivienda que no se puede pagar hay una familia, un joven, un trabajador o una persona mayor que merece vivir con tranquilidad y dignidad.
La ciudadanía ya ha soportado demasiadas promesas. Ha llegado el momento de que la política deje de utilizar el problema de la vivienda para enfrentarse y comience a trabajar unida para resolverlo.
