El Ayuntamiento estudia adquirir por 2,1 millones un local comprado meses antes por un empresario por 1,4 millones mientras el PSOE cuestiona la falta de concurrencia y la idoneidad del inmueble
Soldecanarias.net / Arona
La propuesta del Ayuntamiento de Arona para habilitar una nueva comisaría en el núcleo de Valle de San Lorenzo ha abierto una fuerte controversia política y administrativa en el municipio. El gobierno local, integrado por Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, analiza la compra de un local valorado en 2,1 millones de euros que fue adquirido apenas cinco meses antes por un empresario local por 1,4 millones.
La operación ha despertado las críticas del Partido Socialista Obrero Español, principal grupo de la oposición, que cuestiona tanto el incremento del precio como la tramitación del expediente. Los socialistas sostienen que el procedimiento para la adquisición se inició en octubre de 2025, cuando el inmueble todavía pertenecía a una entidad bancaria tras haber permanecido cerrado durante alrededor de una década.
Según la documentación examinada por la oposición, el local figura como única alternativa contemplada dentro del expediente municipal, sin que se haya abierto un proceso público de búsqueda o concurrencia para valorar otras ubicaciones posibles. El PSOE considera que esa circunstancia limita la transparencia de la operación y plantea dudas sobre si el consistorio podría haber adquirido el inmueble directamente antes de la reventa al actual propietario.
El edificio elegido presenta además varias particularidades que han alimentado el debate político. El espacio necesita obras de adaptación y se encuentra en un inmueble residencial con viviendas en las plantas superiores. De mantenerse el diseño actual, los residentes compartirían accesos y garaje con los vehículos policiales, una situación que la oposición considera impropia para unas instalaciones de seguridad ciudadana.
Durante el último pleno municipal, los socialistas advirtieron también de los posibles problemas operativos derivados de la ubicación, situada en una vía estrecha y próxima a carreteras habitualmente congestionadas. El grupo municipal teme que las entradas y salidas de vehículos policiales y de emergencia agraven el tráfico y generen molestias continuas a los vecinos de la zona.
El gobierno local evita confirmar oficialmente que la compra vaya a formalizarse en esos términos concretos, aunque reconoce que estudia distintas fórmulas para mejorar las infraestructuras de seguridad del municipio. En un comunicado remitido a los medios, el Ejecutivo presidido por Fátima Lemes sostiene que cualquier operación se desarrollará “con plena seguridad jurídica” y respetando los informes técnicos y administrativos necesarios.
La oposición, sin embargo, insiste en que el expediente carece todavía de elementos esenciales, como una valoración técnica independiente sobre el precio de mercado del inmueble o un informe detallado que justifique su idoneidad como futura sede policial. También llama la atención sobre el hecho de que la iniciativa haya sido impulsada desde el área de Patrimonio y no desde la concejalía de Seguridad.
El debate incorpora además un trasfondo político relacionado con los proyectos heredados del anterior mandato municipal. El PSOE reprocha al actual gobierno haber abandonado el plan diseñado por el exalcalde José Julián Mena para construir una gran comisaría municipal con mayor capacidad operativa y servicios complementarios.
Para los socialistas, la posible compra del local responde a una “política de soluciones provisionales” sin planificación a largo plazo para un municipio que supera ampliamente los cien mil habitantes y que afronta un crecimiento constante de población y actividad turística. Mientras tanto, el gobierno municipal defiende que la prioridad es reforzar los servicios de seguridad y responder cuanto antes a las necesidades actuales del municipio.
