Carmen Luisa Castro y Mari Brito están acusadas junto a los exregidores José Gumersindo García y José Juan Lemes por un presunto delito contra el medio ambiente
Soldecanarias.net / Redacción
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la actual alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, y la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, por su presunta responsabilidad en los vertidos de aguas residuales procedentes del Polígono Industrial de Güímar. La acusación se extiende también a los exalcaldes José Gumersindo García Trujillo y José Juan Lemes.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Fiscal reclama para los acusados hasta 13 años de inhabilitación, según recoge el escrito de acusación.
El procedimiento se centra en la gestión de las infraestructuras del polígono. La Fiscalía sostiene que, una vez transferidos formalmente a los tres ayuntamientos los bienes vinculados a estas instalaciones, no se habría constituido la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), encargada de su gestión y mantenimiento.
El Polígono Industrial de Güímar ocupa alrededor de 1,8 millones de metros cuadrados y limita al sur con el Área de Sensibilidad Ecológica de la Reserva Natural Especial. En este espacio desarrollan su actividad entre 200 y 220 empresas, algunas de ellas vinculadas a actividades que requieren autorizaciones ambientales específicas por el tipo de residuos que generan.
La investigación judicial analiza precisamente las consecuencias de la gestión de las aguas residuales y el posible impacto ambiental derivado de estos vertidos.
La petición de la Fiscalía deberá ser ahora valorada en el marco del procedimiento judicial, en el que los acusados tendrán que responder de las responsabilidades que se les atribuyen.
