La exdirectora del centro, su hija y una tercera persona son señaladas por transferencias supuestamente irregulares que superan los 85.000 euros.
Soldecanarias.net / Arona
La gestión económica del IES Los Cristianos vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra la exdirectora del centro, Samira Tela, su hija y otra persona vinculada familiarmente a ambas. El Ministerio Público aprecia indicios de un posible delito de malversación relacionado con el presunto desvío de fondos públicos entre 2022 y 2024.
Según recoge la denuncia, durante ese periodo se habrían efectuado numerosas transferencias desde la cuenta bancaria del instituto hacia cuentas particulares de los denunciados. La Fiscalía sostiene que parte de esos movimientos carecían de justificación documental y que otros estaban respaldados por conceptos presuntamente ficticios. El importe total investigado supera los 85.000 euros y, hasta la fecha, no ha sido recuperado.
Las pesquisas apuntan a que algunos pagos se justificaban mediante supuestos servicios informáticos que, según el Ministerio Público, no se correspondían con necesidades reales del centro educativo, ya que dichas funciones eran cubiertas por los recursos tecnológicos proporcionados por la propia Consejería de Educación.
La denuncia también pone el foco en posibles irregularidades contables detectadas en la gestión administrativa del instituto. Entre ellas figuran pagos registrados sin las correspondientes facturas, documentación con deficiencias formales y operaciones económicas cuya trazabilidad resulta difícil de acreditar.
Estas sospechas surgieron tras una auditoría externa encargada para analizar las cuentas del centro durante los ejercicios 2022 y 2023 y parte de 2024. El informe reveló importantes discrepancias entre la documentación disponible y los gastos reflejados en el Sistema de Gestión Educativa de Canarias (SIGECO), así como diferencias significativas en los registros de proveedores y facturación.
El caso se suma a los problemas de gestión que ya habían motivado actuaciones disciplinarias por parte de la Consejería de Educación. En 2025, la exdirectora fue sancionada con una inhabilitación temporal tras la apertura de un expediente en el que se acreditaron conductas relacionadas con abuso de autoridad, trato inadecuado al personal y deficiencias en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia se encuentra actualmente pendiente de admisión a trámite por parte del Tribunal de Instancia de Arona. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar el alcance de las posibles responsabilidades penales y esclarecer el destino de los fondos públicos objeto de la causa.
